La Justicia Federal resolvió excluir de manera precautoria y provisional a 2.150 personas del padrón electoral de Aguas Blancas, en el marco de una investigación por presuntas inscripciones irregulares vinculadas a domicilios falsos y posibles DNI fraguados. La medida fue dispuesta por el juez federal N.º 1 de Salta, Julio Bavio, y podría extenderse a otras localidades fronterizas como Salvador Mazza y Los Toldos.

La resolución, dictada ayer, incluye el listado completo de los votantes dados de baja y establece que quienes deseen ser reincorporados deberán iniciar un trámite de rectificación o ratificación de domicilio real. Para ello, deberán presentar documentación respaldatoria, como boletas de servicios y datos de geolocalización, que luego serán sometidos a verificación in situ e informe ambiental.

El alcance de la decisión fue comunicado al fiscal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, y a diversos organismos nacionales, entre ellos la Cámara Nacional Electoral, ANSES, ARCA, la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Dirección Nacional de Control de Fronteras y al interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.

Desde el Juzgado Federal se dispuso además que la Secretaría Electoral del Distrito realice un análisis exhaustivo de los domicilios que se rectifiquen o ratifiquen, con cruces de datos, mientras que Gendarmería Nacional tendrá a su cargo la verificación física de las residencias declaradas. En paralelo, se mantendrá la suspensión provisional y cautelar de las cargas, procesamientos e incorporaciones al padrón dispuestas el pasado 10 de junio en Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos, hasta que se comprueben los domicilios reales de los ciudadanos registrados con direcciones imprecisas o genéricas.

Cómo se originó la causa

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 22 de octubre de 2023 por Santiago Alberdi, apoderado de Juntos por el Cambio, ante la Cámara Nacional Electoral. A partir de allí se inició una investigación encabezada por el fiscal Toranzos, que incluyó pedidos de informes a organismos nacionales y provinciales, empresas de telefonía y entidades bancarias.

El expediente sumó fuerza en mayo pasado, cuando se incorporaron informes periodísticos que advertían que Aguas Blancas, con menos de 4.000 habitantes, contaba con 5.692 electores habilitados, una cifra llamativa que reforzó las sospechas sobre la existencia de identidades fraguadas y residencias falsas. A ello se sumó la bajísima participación electoral registrada en los comicios de mayo, del 24,64%, coincidente con el refuerzo de los controles fronterizos.

Uno de los momentos clave de la investigación fue el relevamiento casa por casa realizado el 9 de septiembre en Aguas Blancas, con participación de Gendarmería y la Policía de Salta. Ese operativo aportó indicios sólidos de más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón de la localidad fronteriza con Bermejo, Bolivia.

En su resolución, el juez Bavio remarcó que existen normas específicas que sancionan la falsedad de domicilios declarados y advirtió que la eliminación del requisito de acreditar domicilio por parte del Registro Nacional de las Personas facilitó la generación de inscripciones erróneas, imprecisas o directamente inexistentes. En ese sentido, consideró necesario que el Renaper revise ese criterio.

El magistrado subrayó además que el saneamiento del padrón resulta urgente por el contexto de migración transnacional y la presencia del crimen organizado en zonas de frontera. Alertó sobre el riesgo de que estas irregularidades sean funcionales a la inmigración ilegal y a la obtención de beneficios indebidos mediante la simulación de requisitos legales, con un grave impacto sobre la fe pública.