Ayer se notificó al interventor del organismo, Emilio Savoy, sobre la apertura de la investigación y se le requirió la entrega urgente de documentación administrativa interna.

La actuación tiene por objeto determinar si existieron sospechas de conductas delictivas relacionadas con posibles sobrefacturaciones por parte de profesionales, prestadores y/o proveedores de servicios de salud, que pudieran haber generado un perjuicio económico al organismo provincial.

El requerimiento incluye la solicitud de copias autenticadas de las actuaciones administrativas que puedan aportar elementos relevantes al curso de la investigación en trámite.

El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con el control de legalidad y la protección del patrimonio público, garantizando la intervención oportuna ante toda información que sugiera la posible comisión de delitos contra la administración pública.