Entre otros testigos compareció una ingeniera que tuvo a su cargo la realización de una auditoría interna en el Servicio Penitenciario. Hizo referencia a una serie de irregularidades detectadas en relación al sistema de calificaciones de los detenidos.

También observó el faltante de numerosas actas de las reuniones del Consejo Correccional, órgano encargado de evaluar trimestralmente las conductas y conceptos de los internos.

Señaló por otro lado que ante situaciones similares (sanciones disciplinarias) se adoptaban diferentes criterios para calificar a los detenidos. Esto, a pesar de que el reglamento establece claramente cómo debe modificarse la nota en base a las sanciones.

Al no existir actas de las reuniones, no fue posible establecer cómo se aplicaban las recalificaciones. Esto –sostuvo la testigo- constituye una falta grave.