En aquella presentación, realizada en representación de los más de 260 mil afiliados afectados por la crisis financiera de la obra social provincial, la entidad que representa en Salta el abogado Daniel Paganetti pidió que se ordene una intervención judicial y una auditoría externa en la obra social provincial para garantizar derechos de raigambre constitucional afectados por el crítico cuadro financiero que desembocó en una nueva intervención administrativa del IPS el pasado 25 de febrero.

Por Radio Salta, el abogado Leonardo de Almeida, desde “Protectora” explicó el punto exacto en el que está el trámite judicial.

Cabe destacar que en la acción colectiva promovida en abril Protectora se pide  que se ordene una intervención judicial del Instituto, en forma cautelar y complementaria a la intervención administrativa instrumentada por 180 días.

“Esto se justifica por el serio problema de administración y de desmanejos del IPS”, manifestó De Almeida.

También solicitó que se disponga una auditoría financiera, contable, integral y externa realizada por contadores designados a propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Requirió, asimismo, que se solicite formalmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo el impulso de una nueva ley para el IPS que establezca la creación de un nuevo órgano interno auditor integrado por dos representantes de los afiliados.