El funcionario explicó que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General del Servicio Penitenciario y que en ese lapso detectó anomalías en los trámites vinculados al otorgamiento de beneficios a internos.

Mencionó que los rumores apuntaban directamente a Francisco Bisceglia, funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento.

Entre las irregularidades detectadas, mencionó planillas de concepto y conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a los internos.

Respecto al ingreso de drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal, Torres reconoció graves fallas en los controles y señaló que no cuentan con tecnología adecuada.

Detalló que los ingresos ilegales ocurren principalmente a través de las visitas, lanzamientos desde el exterior y mediante personal penitenciario.