Graciano explicó que la prioridad es retirar a los detenidos de las comisarías, ya que no son espacios aptos para alojamiento permanente. En ese marco, informó que se adjudicó una obra modular en Tartagal para 128 internos, con contrato firmado y un plazo de ejecución de seis meses. Además, indicó que avanzan proyectos similares en Orán y Metán con financiamiento provincial, previstos para finalizar dentro del año, y que se trabaja en la ampliación de la Alcaidía General mediante un esquema público-privado, donde el privado asumiría la inversión y el mantenimiento, mientras que la seguridad seguirá bajo responsabilidad del Estado.

También planteó la necesidad de reforzar la rehabilitación y reinserción, destacando el rol de organizaciones del tercer sector, y detalló un convenio para mejorar la asistencia a víctimas de delitos, con acompañamiento jurídico, psicológico y posible ayuda económica en casos graves. Al cierre, confirmó que Salta registra un récord de población carcelaria, con niveles de sobrepoblación de entre el 30% y el 40% en la mayoría de las unidades, agravados por la permanencia de detenidos en dependencias policiales.