A pocos días de la fecha prevista para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Salta en el Distrito Centro, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar su implementación por tres meses. La decisión, oficializada por decreto y publicada en el Boletín Oficial, dejó al descubierto una realidad que distintos actores del sistema judicial venían advirtiendo: el nuevo modelo acusatorio adversarial aún no está en condiciones operativas de funcionar plenamente.

La prórroga se apoya en el artículo 460 de la Ley Nº 8520, que habilita al Ejecutivo a diferir la aplicación del código cuando existan dificultades de implementación acreditadas. En este caso, tanto la Defensoría General como la Procuración General solicitaron formalmente postergar la entrada en vigencia.

Desde la Defensoría advirtieron que no se completó la adecuación estructural del organismo al nuevo modelo, lo que podría afectar la garantía de una defensa efectiva. La Procuración General, en tanto, fue más allá y señaló que la reforma no se agota en la sanción de la ley: requiere condiciones organizacionales, tecnológicas y operativas que permitan su funcionamiento real desde el primer día.

Según su evaluación, el sistema se encuentra aún en una etapa de ajuste y prueba, por lo que avanzar de inmediato implicaría riesgos concretos para el normal desarrollo de las investigaciones penales.

Uno de los puntos más sensibles del cambio es el impacto en el trabajo cotidiano de los fiscales. El código aprobado en noviembre de 2025 abandona el expediente escrito y adopta la oralidad plena, con audiencias permanentes, registro audiovisual obligatorio y mayor exposición pública del accionar fiscal. Este esquema demanda mayor disponibilidad para audiencias, equipos de investigación fortalecidos, coordinación constante con las fuerzas policiales y soporte tecnológico estable.

Recursos no garantizados

Fuentes judiciales señalan que esos recursos aún no están garantizados de manera homogénea, lo que podría traducirse en demoras, sobrecarga laboral y dificultades para sostener el ritmo que impone la oralidad. Además, el nuevo código incorpora herramientas complejas: técnicas especiales de investigación, acuerdos de colaboración, procedimientos para personas jurídicas, plazos diferenciados y un sistema recursivo más ágil. Todo ello exige capacitación específica, infraestructura adecuada, personal especializado y sistemas tecnológicos confiables.

Otro pilar de la reforma es la Oficina Judicial bajo la órbita de la Corte de Justicia, destinada a centralizar la logística de audiencias, notificaciones y grabaciones. La prórroga, sin embargo, expone que este engranaje todavía no está plenamente aceitado.

La decisión del Ejecutivo aparece así como una medida preventiva para evitar un arranque fallido del sistema. Pero también reabre un interrogante político e institucional: cómo es posible que, tras más de una década de transición hacia el sistema acusatorio, la estructura judicial aún no esté preparada para la oralidad plena.

Por ahora, la entrada en vigencia quedó diferida hasta mayo.