Las Naciones Unidas dejaron en claro que no habrá una respuesta inmediata a los planteos de los abogados de Cristina Kirchner contra la condena de la causa Vialidad. Su Comité de Derechos Humanos informó que todavía no resolvió si dará curso a las presentaciones, que buscan suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de su prisión domiciliaria.

Consultado por la agencia EFE, el organismo explicó que, por la cantidad de casos que maneja, definir si un reclamo es admisible y resolver el fondo de la cuestión “suele tardar varios años”. Según indicó, una decisión sobre este expediente no es inminente.

Qué pidió la defensa

Los abogados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim solicitaron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación, revisar el régimen de prisión domiciliaria y recomponer la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, según sostienen, no puede funcionar con solo tres miembros.

Cristina Kirchner cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de una causa por corrupción en obra pública en Santa Cruz.

Cómo funciona el Comité de Derechos Humanos de la ONU

La expresidenta anunció en julio que llevaría su caso ante este organismo, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus decisiones no son vinculantes. Argentina forma parte del tratado desde 1986.

El Comité está integrado por 18 expertos y lo preside el surcoreano Changrok Soh. Recordó que, solo para determinar si una denuncia se admite, pueden pasar varios meses, ya que debe cumplir requisitos formales. 

El organismo no puede anular la sentencia penal dictada por la justicia argentina: su intervención se limita a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité se concentra en determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no hace ese organismo es volver a juzgar el expediente. Tampoco reevalúa pruebas ni dicta un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

Una nueva presentación de la defensa

Además del planteo inicial, los abogados presentaron una adenda a la comunicación individual. Valim explicó que el escrito informa al Comité sobre tres hechos nuevos: presuntos actos de intimidación posteriores a la difusión de la denuncia; una nueva prueba, surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos, que contradiría un fundamento central de la condena en Vialidad; y la difusión de imágenes del allanamiento en el domicilio de la expresidenta, que a su criterio viola el artículo 17 del Pacto.

El equipo jurídico sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales. La presentación ante la ONU se suma a otras acciones impulsadas para intentar revertir los alcances de la sentencia.