La Corte Suprema aceptó intervenir en un reclamo de la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno argentino por la eliminación del subsidio al transporte público en el interior.

Se trata del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (conocido como el FCI), cuya interrupción fue anunciada en febrero de 2024 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y confirmado en marzo del mismo año con el DNU 280/2024.

La administración de Axel Kicillof acudió al máximo tribunal para que declare la "invalidez, ineficacia e inoponilidad jurídica" del comunicado, la inconstitucionalidad del artículo 18 que estableció la detención, y se dicte una cautelar para ordenar al Estado Nacional a transferir los fondos adeudados de forma "inmediata y efectiva", con intereses.

Al respecto, la Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda. Una vez que se cumpla el pedido o venza el plazo, resolverán si se emite una media cautelar.

Según la demanda de la provincia, la eliminación de este fondo generó una "grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios de transporte público", debido a que a causa de ello el boleto de colectivos en el interior sufrió un gran aumento.

También se apuntó que la medida del Gobierno nacional "carece de los requisitos constitucionales", y "vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y  la lealtad federal, lo cual afecta gravemente la coordinación y cooperación intergubernamental".

El FCI fue establecido en el año 2018 mediante la Ley N° 27.467. El mismo establecía un monto de $ 6.500.000.000 "para compensar los desequilibrios financieros" en el transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).