La dimisión se produjo en medio de multitudinarias protestas en Asunción que fueron reprimidas por la fuerza pública y un creciente clamor popular por la devolución de los ahorros. 

A la presión social se sumó la oposición en el Congreso, que había impulsado un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente por presunto mal desempeño y conflicto de intereses.

La caótica situación ya se había cobrado la renuncia del titular del Banco Central y la detención de ocho directivos de la firma bancaria. 

Peña, quien había asumido en agosto de 2023, abre un incierto escenario de sucesión institucional para completar el mandato constitucional hasta 2028.