El Senado de la Nación aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil y estableció que la edad de imputabilidad bajará de 16 a 14 años en la República Argentina. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, en una sesión que dejó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

Con esta votación, el bloque de Patricia Bullrich celebró la aprobación del nuevo régimen penal juvenil, que había sido impulsado originalmente por La Libertad Avanza (LLA). Durante el debate, la senadora pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos de inseguridad.

Argumentos del oficialismo

Desde el oficialismo señalaron que en los últimos años se registró un aumento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, con participación creciente en hechos graves. Según sostuvieron, la reforma busca combatir la sensación de “injusticia” e “impunidad”, además de evitar que bandas delictivas utilicen a menores sabiendo que no podían ser procesados penalmente.

También remarcaron que la normativa vigente databa de 1980 y que resultaba necesario contar con un marco legal moderno acorde a la realidad actual.

El proyecto original proponía fijar la punibilidad desde los 13 años, pero tras negociaciones parlamentarias se elevó a 14 para lograr consenso con bloques dialoguistas como el PRO y la UCR.

Rechazo de la oposición

Senadores de Unión por la Patria y de la izquierda votaron en contra de la iniciativa. El senador Martín Soria cuestionó la reforma al sostener que “comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”.

Cómo funciona el nuevo régimen

La reforma introduce cambios centrales en el tratamiento penal de adolescentes:

Edad y garantías procesales

• La responsabilidad penal comenzará a los 14 años.

• Los adolescentes de 14 y 15 serán juzgados bajo un sistema acusatorio, con investigación fiscal y derecho a defensa desde el inicio.

• Se establecen principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la privación de la libertad.

• Se prohíbe compartir ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.

Penas y límites

• Se prohíbe la prisión perpetua para menores.

• Se fija un tope máximo de 15 años de prisión, incluso si la acumulación de delitos superara ese plazo en un adulto.

• La privación de libertad será prioritaria en delitos graves como homicidio doloso, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad sexual y robo con armas aptas para el disparo.

• El cumplimiento será en establecimientos especializados y separados de adultos.

Alternativas a la prisión

• La cárcel será la última instancia.

• Para delitos con penas menores, podrán aplicarse tareas comunitarias, restricciones de circulación, prohibición de concurrir a determinados lugares o monitoreo electrónico.

• Se habilita la mediación en delitos con penas de hasta 6 años, con consentimiento de la víctima.

• Los progenitores podrán ser civilmente responsables por los daños derivados de delitos cometidos por sus hijos.

Ejecución y financiamiento

• Habrá supervisión judicial especializada durante el cumplimiento de la pena.

• Se garantizará acceso a educación, salud y programas de reinserción.

• La libertad condicional requerirá aval del Ministerio Público Fiscal.

• La implementación prevé una inversión inicial de $23.739.155.303,08.

Comparación regional

En la región, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela fijan la edad de imputabilidad en 14 años. Otros, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, la establecen desde los 12 años. En general, los sistemas priorizan medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.