La causa se originó a partir de la denuncia radicada tras la circulación de un documento que, según las autoridades competentes, no habría sido emitido por el organismo ambiental correspondiente, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.