El Gobierno de Javier Milei logró un nuevo triunfo legislativo al conseguir la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con el respaldo de bloques aliados y el apoyo clave de gobernadores de provincias mineras. La oposición recalcó que la norma se va a judicializar por inconstitucionalidad.

Tras una extensa sesión que se prolongó por más de 11 horas y estuvo marcada por fuertes cruces, el proyecto fue aprobado por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, consolidando una mayoría que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y legisladores provinciales.

La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, al tiempo que flexibiliza condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.

Uno de los factores determinantes para la aprobación fue el impulso de los gobernadores de provincias vinculadas a la actividad minera, especialmente los integrantes de la denominada Mesa del Litio y del Cobre, que incluye a Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.

Estos mandatarios venían reclamando modificaciones en la normativa para destrabar inversiones millonarias y ampliar el desarrollo productivo en sus territorios, lo que terminó inclinando la balanza en el Congreso.

El oficialismo logró así articular una mayoría con sectores provinciales y parte del peronismo, incluso con votos de diputados de Unión por la Patria que se alinearon con los intereses de sus distritos.

El debate se desarrolló en un clima de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

Mientras el Gobierno defendió la reforma como una herramienta para armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, desde sectores opositores advirtieron que se trata de una norma regresiva.

En ese sentido, varios legisladores anticiparon que la ley será judicializada por presunta inconstitucionalidad.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió la votación desde uno de los palcos y fue recibida con cánticos por parte de la bancada opositora:"Dónde está, Adorni donde está". 

También participó el secretario de Minería, Luis Lucero, en una jornada que tuvo fuerte presencia del área vinculada al desarrollo extractivo.

Desde el oficialismo, los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron la iniciativa y aseguraron que la reforma no implica una flexibilización de la protección ambiental.

Sostuvieron que el objetivo es “aclarar conceptos” y mejorar la articulación entre Nación y provincias, permitiendo un esquema más eficiente en la gestión de los recursos naturales.

También remarcaron que la ley mantiene el principio de protección de los glaciares, al tiempo que habilita a las provincias a intervenir con estudios técnicos más precisos.
Desde Unión por la Patria y otros bloques opositores, en cambio, cuestionaron duramente el proyecto.

Advirtieron que la reforma podría implicar una regresión en materia ambiental y abrir la puerta a conflictos interjurisdiccionales.

El diputado Miguel Pichetto señaló que no existen fundamentos técnicos que justifiquen los cambios y sostuvo que la norma “será discutida en la Corte Suprema”.

En la misma línea, otros legisladores alertaron sobre el riesgo de perder control nacional sobre áreas estratégicas.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el mayor protagonismo de las provincias en la definición de áreas protegidas, ya que aportarán información clave para el inventario de glaciares que realiza el IANIGLA.

Esto representa un cambio significativo en el esquema vigente, al otorgar mayor capacidad de decisión a los gobiernos provinciales sobre sus recursos naturales.

La aprobación de la reforma no cerró el conflicto político. Desde distintos bloques opositores anticiparon que la norma será judicializada por presunta inconstitucionalidad, al considerar que implica una regresión en materia ambiental y delega facultades clave a las provincias. En ese sentido, advirtieron que la discusión continuará en el ámbito de la Justicia, con posibles presentaciones ante la Corte Suprema, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance de la protección de glaciares y el desarrollo de la actividad minera en el país.

Con esta aprobación, el Gobierno suma un nuevo avance en el Congreso, consolidando acuerdos con sectores aliados y gobernadores.

La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en una estrategia más amplia orientada a promover inversiones y dinamizar sectores productivos, en particular la minería.

Sin embargo, el escenario continúa abierto, ya que la oposición anticipó que llevará la norma a la Justicia, lo que podría derivar en un nuevo capítulo del debate en los tribunales.