En audiencia de juicio abreviado por acuerdo pleno, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, arribó a un acuerdo con la imputada, quien reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los alcances de lo convenido, la calificación legal atribuida, la pena acordada y los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Tras verificar que la acusada prestó su conformidad de manera libre y voluntaria, y que se encontraban cumplidos los requisitos legales exigidos para este tipo de procedimiento, el juez Francisco Mascarello homologó el acuerdo, que contó además con la conformidad de las querellas.

En consecuencia, el juez Mascarello impuso a la condenada la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 4.

Respecto a la otra hermana, también acusada en la causa y actualmente alojada en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, no manifestó su voluntad de adherir a un acuerdo abreviado. En ese marco, la Fiscalía solicitó la inmediata remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial para que se fije, a la mayor brevedad posible, la audiencia de debate correspondiente.

La posibilidad de arribar a un acuerdo con una de las acusadas sin afectar la situación procesal de la restante se encuentra prevista en el artículo 379 del Nuevo Código Procesal Penal, que permite la celebración de acuerdos parciales cuando intervienen varias acusadas en una misma causa.

En mayo de 2025, la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido la elevación a juicio de ambas acusadas por el delito de estafas reiteradas (181 hechos), en concurso real, tras considerar reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener la acusación.

La investigación se inició a partir de denuncias de damnificados que aseguraron haber sido víctimas de maniobras fraudulentas en la contratación de paquetes turísticos internacionales a través de la agencia Siddharta Viajes.

Según la acusación, las hermanas Maigua ofrecían viajes a destinos como México, Dubái, Miami y Egipto, percibían los pagos y entregaban documentación que aparentaba respaldar las contrataciones, aunque los servicios nunca llegaban a concretarse.

La maniobra fue corroborada mediante declaraciones de proveedores turísticos, documentación secuestrada durante allanamientos y un informe contable que determinó que, de los más de 979 millones de pesos ingresados a la agencia, al menos 148 millones de pesos y más de 460 mil dólares corresponderían a prestaciones que nunca fueron brindadas. Asimismo, se detectó que otros 320 millones de pesos fueron destinados a fines ajenos a la actividad turística.

La acusación fiscal contó con numerosas pruebas, incluyendo cuadernos, fichas, pasaportes, recibos y publicidad secuestrados en allanamientos. La Fiscalía sostuvo que las acusadas actuaron sabiendo desde el inicio que no cumplirían con los servicios ofrecidos y simulando operaciones para obtener un lucro indebido a costa de las víctimas.