Los nueve procedimientos simultáneos alcanzaron clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares ubicados en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.

La causa se inició tras una denuncia en noviembre de 2024. Los investigadores identificaron un entramado que captaba personas vulnerables para obtener beneficios sociales.

La organización habría montado un mecanismo destinado a gestionar pensiones por invalidez para personas que no padecían las patologías declaradas en los expedientes.

La maniobra combinaba la participación de operadores políticos, profesionales de la salud y otros actores vinculados al circuito administrativo necesario para obtener las prestaciones.