José Luis Espert se presentó este miércoles ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para ampliar su declaración en la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos relacionada con US$200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El exdiputado entregó un descargo de 65 páginas y documentación con la que busca demostrar que el dinero correspondió a un trabajo de consultoría y no tuvo un origen ilícito.

El caso tiene como protagonista central a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que fue uno de los financistas de la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. El propio Machado admitió públicamente haber colaborado económicamente con aquella campaña y durante ese período también puso aeronaves a disposición del entonces candidato.

La situación judicial de Machado cambió sustancialmente durante 2026. Tras ser extraditado desde Argentina hacia Estados Unidos a fines de 2025, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de Texas y el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas lo declaró formalmente culpable por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. La resolución fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III.

Machado había admitido su responsabilidad penal el 18 de mayo ante la Justicia estadounidense. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico y el empresario reconoció los otros dos delitos. La declaración de culpabilidad fue posteriormente aceptada y formalizada judicialmente.

Espert pidió su sobreseimiento

Durante su presentación de este miércoles, Espert negó que los US$200.000 hayan sido producto de una actividad ilícita y volvió a cuestionar uno de los puntos centrales de la acusación argentina: la hipótesis de que el contrato de consultoría utilizado para justificar el pago haya sido creado para encubrir fondos de origen ilegal.

Su defensa planteó que para que exista lavado de activos debe probarse primero que el dinero involucrado procede de un delito. A partir de esa argumentación, solicitó al juez su sobreseimiento o, subsidiariamente, que se dicte la falta de mérito.

El exlegislador también entregó documentación adicional y solicitó nuevas medidas de prueba ante organismos argentinos y extranjeros con las que pretende respaldar su versión sobre el origen y el posterior movimiento de los fondos.