La justicia le impuso tres años de prisión de ejecución condicional y una compensación económica de $35 millones a las víctimas. 

Un inmueble de Vidaurre quedará embargado hasta que se complete el pago. 

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) logró un acuerdo de juicio abreviado, donde la acusada reconoció su responsabilidad penal. 

Además, el juez estableció reglas de conducta y ordenó su inmediata libertad.