Alejandro Vilches presentó su renuncia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras el Gobierno continúa sin aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, mantiene deudas con los prestadores y debate el Presupuesto 2027.

La salida del funcionario se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 genera cuestionamientos por las previsiones para el área de Discapacidad. La propuesta oficial contempla nuevas medidas de ajuste que fueron criticadas por sectores de la oposición y también despertaron malestar dentro del propio oficialismo, donde algunos dirigentes señalaron que no habían sido informados sobre esas decisiones.

Una de las voces que cuestionó las previsiones fue la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. En este contexto, el Gobierno reconoció la posibilidad de revisar las partidas destinadas a Discapacidad para el próximo año.

A su vez, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en un nuevo proyecto de ley que reemplace la emergencia en Discapacidad vigente, una iniciativa que se suma a la discusión sobre el financiamiento y el funcionamiento de las políticas destinadas al sector.

Una agenda que excede la atención sanitaria

La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene bajo su órbita una agenda que abarca distintas dimensiones de la vida de las personas con discapacidad y que no se limita a la atención sanitaria.

Entre las áreas involucradas se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad. Por ese carácter transversal, las políticas destinadas al sector requieren la intervención coordinada de distintos organismos del Estado.

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El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y, a lo largo de su trayectoria, mantuvo vínculos de trabajo con distintos sectores estatales y sociales. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría Nacional de Discapacidad conservó esa dinámica de articulación.

En ese esquema, el Ministerio de Salud interviene en los asuntos correspondientes a sus competencias y brinda opiniones técnicas cuando son requeridas. Sin embargo, la definición y la implementación de políticas integrales sobre discapacidad demandan coordinación entre distintas áreas del Gobierno, debido a la diversidad de derechos y necesidades que comprende el sector.