La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender de manera preventiva, por un plazo de 60 días, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, una normativa que también comenzó a regir en el resto del país y que modifica el sistema para adolescentes que cometen delitos.

La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

Aunque la resolución tiene alcance sobre la provincia de Buenos Aires, el fallo genera atención en otros distritos, entre ellos Salta, donde también comenzó a aplicarse el nuevo régimen penal juvenil que incorpora cambios en la edad de responsabilidad penal y en el funcionamiento del sistema.

El argumento central

Uno de los principales fundamentos de la resolución es que la implementación de la nueva ley podría generar un aumento en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema penal, pero que la provincia no contaría actualmente con la infraestructura, recursos y personal suficientes para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento.

La jueza señaló que la normativa incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, además de establecer modificaciones sobre los delitos alcanzados y la aplicación de penas previstas en el Código Penal.

En ese sentido, advirtió que estos cambios podrían provocar “un aumento considerable de la cantidad de personas privadas de la libertad”, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro del sistema.

El punto que puso bajo análisis la magistrada es si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes alcanzados por la Justicia penal sin contar previamente con las condiciones materiales e institucionales necesarias.

Críticas a las condiciones de los centros de alojamiento

Para fundamentar la suspensión, la jueza tomó como referencia la situación de distintos dispositivos bonaerenses destinados al alojamiento de adolescentes privados de la libertad.

En particular, recordó que su propio juzgado había limitado anteriormente la capacidad del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora a 60 jóvenes, luego de advertir problemas vinculados a las condiciones de alojamiento.

Si bien reconoció avances en aspectos como infraestructura, alimentación y provisión de agua potable, sostuvo que todavía no se alcanzan los estándares mínimos necesarios para garantizar los derechos de los adolescentes detenidos.

También mencionó dificultades relacionadas con el acceso a la educación, la formación profesional, la incorporación laboral y la necesidad de reducir los períodos de aislamiento.

Seguridad y reincidencia

En el fallo, la jueza planteó que las condiciones en las que los adolescentes cumplen sus medidas judiciales también tienen impacto en la sociedad.

“No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad”, sostuvo la magistrada.

Además, afirmó que el hacinamiento y el deterioro de los dispositivos pueden influir en los niveles de violencia con los que esas personas regresan a la sociedad una vez cumplidas sus condenas.

La jueza remarcó que el objetivo del sistema no debe ser únicamente aplicar una sanción, sino también garantizar herramientas que permitan la reinserción de los jóvenes.

Qué deberá hacer el Gobierno bonaerense

Como parte de la resolución, la Justicia convocó para el próximo 16 de septiembre a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial vinculados a la implementación del régimen penal juvenil.

En esa audiencia deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos para adecuar el sistema a la nueva normativa.

Además, la resolución ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial adoptar las medidas necesarias para cumplir con la suspensión.