“La lengua como barrera”: con una diplomatura en interpretación buscan que las comunidades wichis accedan a la Justicia

Por primera vez en una universidad nacional existe una diplomatura de formación lingüística, cultural y jurídica para que los wichis puedan desempeñarse como traductores e intérpretes en procesos judiciales. La iniciativa surgió del Consejo WichiLhámtes, Tepeyac, Asociana y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Conicet para dar respuesta a los pedidos de las comunidades que identificaron la necesidad de poder contar con profesionales en el sistema judicial.

A un año del inicio, 37 estudiantes cursan la diplomatura en Interpretación y Traducción Intercultural Wichi-Castellano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. El dictado es virtual y presencial, dura 18 meses y el próximo año comenzarán las pasantías en la Justicia.

La coordinadora de la carrera, Cecilia Jezieniecki, cuenta a LA NACIÓN que el nivel de retención de estudiantes fue “muy alto”, ya que ingresaron 41: “Las comunidades wichis hace tiempo venían planteando la dificultad que representa la lengua en procesos judiciales; es una barrera determinante para ejercer los derechos”.

Los estudiantes provienen del norte de Salta, núcleo de los asentamientos wichis –Santa Victoria Este, Tartagal, Embarcación y Morillo– y la mitad está integrada por mujeres. Jezieniecki explica que el wichi es la lengua materna que se habla en todas las casas y son “muchos los niños que hasta ingresar a la primaria no hablan castellano. Además, la mayoría de las mujeres no lo dominan bien, no lo comprenden”.

Hasta ahora en Salta los intérpretes que se utilizan en la Justicia son Ad honorem y sin formación específica. Hay una anécdota muy repetida de un juicio a un wichi por un delito menor en Tartagal, donde terminado el proceso se supo que el cacique que ofició de traductor era familiar del acusado.

En Chaco hay formación de intérpretes del wichi al español, pero ni en el país ni en la región existe una carrera específica para trabajar en la Justicia y que dependa de una universidad pública.

Nexos

Erviz Diaz tiene 34 años y es de la comunidad wichi La Puntana, trabaja en la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat desde los 17 años. “Hago militancia con y para mi comunidad. Estudiaba abogacía, pero por la pandemia volví a mi casa –dice a LA NACIÓN– y esta diplomatura es una buena oportunidad, única y la encaré pensando en que es útil para mi gente”. Y agrega: “Nosotros tenemos nuestra cultura viva, nuestra cosmovisión y estudiar esta carrera nos permitirá ser nexos entre nuestro mundo y el blanco”.

Los estudiantes fueron recibidos por los miembros de la Corte Suprema de Salta, quienes se manifestaron interesados en que sean efectivamente incorporados en todos los procesos judiciales que involucran a los miembros de las comunidades.

La presidenta del máximo tribunal, Teresa Ovejero, dice a este diario que la iniciativa es “muy importante porque es un paso a que los wichis tengan acceso pleno a la Justici. Hasta ahora era muy complicado y contar con intérpretes era un reclamo permanente”.

El próximo semestre, afirma, comenzarán a realizar pasantías en los distritos judiciales de Tartagal y Orán. Entiende que los egresados no solo podrán trabajar en la Justicia, sino en los diferentes niveles de gobierno.

A los 46 años, Dora Fernández lleva 20 como docente de la escuela wichi Juan Domingo Perón en Embarcación: “Mi preocupación siempre estuvo junto a las mujeres wichis originarias del norte. No tenemos acceso a la Justicia por ser hablantes de la lengua materna y no interpretar, muchas veces, ni lo básico del castellano”.

Fernández ofició varias veces como intérprete en procesos judiciales, siempre de manera gratuita y sin tener la formación jurídica mínima necesaria. “Es un paso adelante; nuestros jueces, nuestros gobiernos no hablan nuestra lengua”, define.

La diplomatura fue una iniciativa seleccionada y financiada en el marco de la Convocatoria Piloto 2019 “Proyectos de Vinculación Tecnológica para atender problemas de Vulnerabilidad social”, impulsada por la Gerencia de Vinculación Tecnológica del Conicet.