Salta participa en el Consejo Federal de Derechos Humanos

La plenaria es encabezada por el secretario Nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y en dos jornadas se proponen mesas de trabajo y articulación con el objetivo del diseño e implementación de políticas públicas para la protección y promoción de derechos con una mirada federal y desde la interseccionalidad.

La primera jornada comprendió el intercambio de experiencias de gestiones locales, la definición de los lineamientos de la agenda federal como así también la revisión de los avances sobre indicadores en Derechos Humanos. En ese marco, la secretaria provincial, Mariana Reyes, compartió las políticas que se encuentra desarrollando Salta, en línea con los ejes prioritarios de la gestión y desde el fortalecimiento con comunidades originarias, además de la promoción continua de derechos, la formación de promotores sociales, la construcción de redes de acción integral para el abordaje de problemáticas sociales, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los procesos para el resguardo y digitalización de los documentos del Archivo Provincial de la Memoria.

Las autoridades locales expusieron además sobre la puesta en funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura, siendo la octava provincia en contar con este organismo como parte del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura con legislaciones pioneras a nivel país. En la ocasión también se resaltó la reciente sanción normativa por la que se conformará el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, que permitirá garantizar mayores derechos y servicios.

En referencia a la primera jornada, el subsecretario Uldry Fuentes, destacó la convocatoria que, “servirá para la concreción de políticas públicas efectivas en base a las experiencias locales que garanticen y amplíen derechos”. Por su parte, Exeni resaltó que se expuso ante las demás autoridades, la tarea que se realiza de manera permanente mediante los operativos territoriales de relevamiento de la población penal que permitió el acceso a derechos de las personas privadas de libertad en articulación con diferentes organismos del Ejecutivo Provincial y la asistencia de Juzgados y Defensorías Oficiales.