La Corte rechazaría las recusaciones de Nación sobre el fallo de los fondos porteños

La Corte decidirá, a partir del miércoles, si rechaza la inédita recusación que le planteó el Gobierno nacional por la cautelar que ordenó pagarle parte de los fondos coparticipables que le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, si también desestima el pedido del presidente Alberto Fernández de revocatoria in extremis de la misma cautelar, entre otras causas políticamente "calientes".

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti saben que, además, está en juego el pago de, hasta ahora, 1.400 millones de dólares acumulados en concepto de coparticipación federal. Con esa plata, por ejemplo, la CABA podría financiar una nueva línea de subterráneos entera.

Se trata de los fondos que Alberto le quitó a la CABA y le dio al gobernador bonaerense Axel Kiciloff desde diciembre de 2020, según una estimación hecha por funcionarios del gobierno porteño consultados por Clarín.

La administración Fernández no acata la restitución de fondos que dispuso la cautelar pero si acató la decisión de la Corte que anuló una ley del Congreso para pasarle una suma fija del presupuesto nacional a la CABA por el traspaso de la Federal que son otros 25 millones de dólares. "El gobierno nacional acata lo que quiere", se quejó una fuente del larretismo.

Para constitucionales como Daniel Sabsay o Félix Lonigro, la Corte tiene que rechazar esos recursos de la Casa Rosada por principios jurídicos básicos. Por un lado, los jueces se recusan al comienzo de un proceso y no dos años después porque su fallo no te gustó. Por otro, la revocatoria in extremis es solo para casos de errores en los fallos, entre otros argumentos. Para los expertos, la Corte podría rechazar esas dos medidas en un solo acto.

Pero a partir del miércoles, cuando termine la feria judicial, también tendrá que mover sus fichas en este juego de ajedrez político-judicial, el gobierno nacional y la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El Procurador General de la CABA, Gabriel Astarola, tiene preparado un proyecto de pedido de "ejecución forzada" del fallo de la cautelar que supone trabar embargos sobre los fondos del Banco de la Nación y cobrar multas a los funcionarios que incumplen el fallo. Pero Rodríguez Larreta, conocido por su prudencia, debe decidir la "oportunidad política" de esa dura medida.

En fuentes de Juntos por el Cambio no se descarta que el gobierno nacional, por su parte, pida al Procurador General del Tesoro y cerebro jurídico de Cristina, Carlos Zannini, que le solicite a la Corte que se abstenga de decidir hasta que termine el juicio político en su contra.

"Con ese medida no se puede atar las manos a la Corte, sino cualquier que tuviera un pleito plantearía un juicio político para retrasar decisiones", explicó esa fuente.

A esta altura, queda claro que el kirchnerismo no solo busca retrasar la cuestion de la cautelar sino el fallo de fondo sobre cuánto le corresponde a la CABA de la coparticipación impositiva federal.

Un fallo de fondo debería decir si le corresponde a la CABA el 1,4 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que había hasta el 2015, el 3,5 que dispuso Macri, o la cifra provisoria del 2,95 que decidió la Corte en la cautelar. Y en ambos casos, el kirchnerismo no quiere que Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de JxC, disponga de esos 1.400 millones de dólares o más durante la campaña electoral de este año.

Pero el incumplimiento de la cautelar, que ya lleva más de un mes, no perjudica en términos penales a Cristina, sino a Alberto y a los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Wado de Pedro, quienes fueron notificados del fallo. También a todo el directorio del Banco de la Nación, que es el que le debe pagar a la CABA.

En paralelo, el juez federal Daniel Rafecas concentró por conexidad tres denuncias contra ellos por desacato a la Corte. Las que presentaron los diputados de Elisa Carrió encabezados por Juan López, la de Graciela Ocaña y la del procurador porteño Astarola.

Rafecas, ya recibió notificaciones, y a partir del miércoles deberá a empezar a tomar decisiones de fondo en una causa en que el delito está probado y a cielo abierto. Para un par de penalistas, la publicación en el Boletín Oficial del proyecto de ley para pagarle a la CABA en bonos y no en efectivo, como dice el fallo, es la prueba más clara del incumplimiento. Si no paga, se vendría una situación procesal complicada para un presidente que, hasta ahora, solo tenía una contravención por las "fiestas de Olivos" durante la cuarentena del Covid.

En la última semana de diciembre, los abogados de la Procuración de la Ciudad se presentaron nuevamente ante la Corte para rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos llamados TX31.

Los funcionarios porteños fundaron la protesta en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben "estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito".

"La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos", señalaron.

En forma paralela, un grupo de gobernadores peronistas mandó una nota a la Corte para ser tenidos en cuenta como partes al momento de definir el reparto de impuesto coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que consideran un "beneficio injusto para la Ciudad".

Se trata de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) se presentaron ante la Corte con distintos recursos. El fallo no afecta a ninguna provincia. Sí a Kicillof que fue el beneficiario de la poda de los recursos de la CABA.

Kicillof no se quedó solo en la queja. En una maniobra de forum shopping (elegir el juez amigo) hizo una denuncia la semana pasada cuando el juez cristinista Alejo Ramos Padilla estaba de turno contra Silvio Robles, el vocero de Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D"Alessandro, por los chats hackeados a éste último.

Kicillof copió la denuncia del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y solo le agregó unos párrafos sobre la coparticipación que perdería si se cumple la cautelar de la Corte. Kicillof denunció "tráfico de influencias" en base a chats obtenidos en forma ilegal y sabiendo que el juez federal porteño Sebastián Ramos ya archivó una causa por los mismos hechos.

¿Cómo comenzó este conflicto? En el 2015, el presidente Mauricio Macri, subió la cuota de coparticipación porteña del 1,4 por ciento al 3,75, un incremento de más de dos puntos que justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal a la CABA.

En septiembre de 2020, su sucesor Alberto Fernández por pedido de Cristina bajó esa cifra al porcentaje original. Contra esa decisión recurrió a la Corte el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias y ser una cuestión de competencia original.

La CABA le reclamó a la Nación que le pagara los "fondos retenidos" desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que "además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma".

Así se inició un proceso de dos años en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento mediador del que participó el ministro del Interior, Wado de Pedro, fracasó.

El 21 pasado la Corte por unanimidad dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la CABA el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que recibe el gobierno nacional y que no afecta a las provincias.

La primera reacción del gobierno de Alberto Fernández, quien se apoyó en catorce gobernadores, fue que el fallo era de "incumplimiento imposible", luego mutó a proponer un pago con bonos y más tarde a mandar un proyecto de ley para que el Congreso "autorice" a su gobierno a cumplir con el fallo. Ahora, después de la feria, le toca decidir a la Corte. (mnews.com.ar y foto de portada gentileza csjn.gov.ar)