Casi el 27% de los alumnos que van a escuelas privadas laicas es pobre en Argentina

El 26,8% de los alumnos de escuelas privadas laicas es pobres, mientras que la cifra asciende al 33,9% entre los alumnos de colegios parroquiales o religiosos. En las instituciones de gestión estatal, la cifra es más del doble: 7 de cada 10 alumnos (71,6%) son pobres, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El dato abarca a niños y adolescentes de 0 a 17 años que asisten a establecimientos educativos, según el informe “Caracterización de la población de niños/as y adolescentes escolarizados según el tipo de gestión educativa”. Para 2023, el documento estima que 6 de cada 10 chicos argentinos (62,9%) son pobres y el 16,2% se encuentra en situación de indigencia.

En Argentina la mayoría de los niños y adolescentes escolarizados asisten a escuelas de gestión estatal (72,4%), aunque la cifra es mucho más baja en CABA, donde ronda el 51%, mientras que se ubica en torno al 67% en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, según datos del último Relevamiento Anual elaborado por el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación de la Nación. De los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario), el jardín de infantes es el que tiene los mayores porcentajes de matrícula en el sector de gestión privada.

En general, los alumnos de escuelas privadas tienen un nivel socioeconómico más alto que los que asisten a escuelas de gestión estatal. Sin embargo, 3 de cada 10 alumnos de escuelas privadas (29,4%) se encuentran en situación de pobreza, advierte el ODSA: son alrededor de 356.000 niños y adolescentes. El dato, que fue publicado este lunes, corresponde al segundo semestre de 2023, y supone una leve mejora con respecto a las cifras de 2022.

Elaborado por los investigadores Ianina Tuñón y Matías Maljar, el informe toma los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (referidos únicamente a centros urbanos con más de 80 mil habitantes) para indagar en algunas características de la población en edad escolar, con el objetivo de ofrecer evidencia que pueda servir a “la construcción de políticas públicas orientadas a poblaciones que en esta coyuntura pueden enfrentar dificultades para continuar estudiando” en las escuelas privadas.

El documento, que fue entregado a funcionarios de la Secretaría de Educación, pone el foco en “la población de niños/as y adolescentes que en situación de vulnerabilidad social asisten a escuelas de gestión privada laica o religiosa, cuya escolarización supone una contribución económica por parte de los hogares”.

En marzo las cuotas de las escuelas privadas con subvención estatal aumentaron un 40% en CABA y un 50% en Provincia de Buenos Aires. Aún no se definieron aumentos para abril, que en las escuelas privadas subvencionadas dependerán de las paritarias docentes. Mientras tanto, en el comienzo de clases las familias hicieron frente a aumentos promedio del 300% en la canasta escolar con respecto a 2023.

Hace un mes, antes del comienzo de clases, el presidente Javier Milei había anunciado que el Gobierno lanzaría vouchers para ayudar a las familias en la compra de útiles escolares y financiamiento para el pago de las cuotas de colegios privados. Según pudo saber Infobae, en el Ministerio de Capital Humano siguen trabajando en la iniciativa. Aún no hay una fecha de lanzamiento, confirmaron desde el Ministerio.

Sin embargo, este martes el presidente Milei dijo que la medida ya estaba en marcha. “Hicimos un programa para darles financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado y los padres no pueden pagar la cuota”, dijo en una entrevista con Chiche Gelblung. Cuando Gelblung le respondió que esa medida “no había llegado”, el presidente Milei insistió: “Está todo funcionando, lo tienen que coordinar con el colegio. La ayuda se hace desde Anses”.

Probablemente Milei se refería a la Ayuda Escolar Anual, un programa que ya existía y cuyo monto subió un 311% este año. El Gobierno llevó esa ayuda, que se cobra una única vez, de 17 mil a 70 mil pesos, para quienes son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar o la Asignación por Hijo con Discapacidad. El decreto con la medida planteó que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población”.