Presión diplomática a Maduro tras la orden de arresto a González Urrutia

Una ola de rechazos internacionales desató la orden de arresto contra el excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, dispuesta por la Justicia chavista.

La medida volvió a poner en el centro de los cuestionamientos al presidente Nicolás Maduro, quien avanza en su intención de quedarse en el poder, pese a las denuncias de fraude que acompañan su autoproclamado triunfo en las elecciones del 28 de julio.

Estados Unidos, la Unión Europea y nueve países de América Latina -Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay-, rechazaron la orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de González Urrutia.

También la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó ayer la orden de detención contra González al recalcar que la persecución política "constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "sigue muy de cerca" la situación en Venezuela, "incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González", dijo ayer el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. Al tiempo que hizo un llamamiento al Gobierno venezolano "para que se respeten plenamente los derechos humanos", y añadió que "nadie debe ser objeto de un arresto o detención arbitraria".

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la "injustificada" y "políticamente motivada" orden de detención contra el líder opositor y advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que hará todo lo necesario para hacer cumplir las sanciones contra el chavismo y coordinar con socios nuevas acciones de represalia.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró ayer que la orden emitida es "una acción arbitraria y motivada políticamente que demuestra lo extraordinariamente lejos que Nicolás Maduro está dispuesto a ir para intentar mantener el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio".

Los nueve países latinoamericanos advirtieron que la "orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, (lo que) constituye persecución política", indicaron en un comunicado conjunto.