Declaran compleja la investigación sobre pensiones adulteradas

Tras el pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, en representación de la Unidad Fiscal Salta, se declaró compleja una investigación que se lleva adelante desde mayo del año pasado sobre el posible fraude en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González. En el caso, se investiga a 22 personas y se realizaron 17 allanamientos, donde se secuestraron 8 millones de pesos.

La decisión fue tomada esta mañana por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, durante una audiencia donde además rechazó el pedido de la defensa de dos personas investigadas, que pedían tener acceso al legajo de investigación, algo que está vedado por el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Allí se establece que la defensa recién podrá acceder a su contenido una vez que se formalice la investigación penal.

Sobre este aspecto, el fiscal y la jueza coincidieron y explicaron que el rechazo se basa en la jurisprudencia ya dispuesta por ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que estableció la imposibilidad de superar el límite determinado por dicha norma, aunque sí validó el pedido de información en cuanto al hecho y las personas investigadas, como lo establece el CPPF en el artículo 233.

Al respecto, el fiscal sostuvo que cumplió con dicho requerimiento, pues las 22 personas investigadas fueron notificadas de las actuaciones que se llevan adelante. Además, reveló que se realizaron 17 allanamientos y que se secuestraron 8 millones de pesos, numerosa evidencia documental y dispositivos electrónicos sobre los que se está llevando adelante una labor pericial.

La investigación

En un repaso del derrotero de las pesquisas, el representante del MPF sostuvo que estas actuaciones de orden preliminar se iniciaron en mayo de 2024, luego de advertir maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad, las que tenían un gran parecido con un hecho que el fiscal inició en febrero del 2023, en la localidad chaqueña de Taco Pozo.

Dada su función de fiscal subrogante en la jurisdicción chaqueña de Roque Sáenz Peña, impulsó una causa penal que, desde el 10 de octubre del año pasado, ya tiene un pedido de procesamiento de 14 imputados, entre los cuales hay varios funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias e incluso el jefe comunal de Taco Pozo.

Con estos antecedentes, detectó un similar modus operandi en en la localidad de Joaquín V. González con la participación de un médico, cuyo nombre también aparece en la causa abierta en la localidad chaqueña. Explicó entonces que la tarea investigativa iniciada es bastante intensa, pues hay cerca de 10 mil casos bajo análisis, lo que, a su vez, da cuenta del nivel de perjuicio al Estado Nacional de un beneficio que no sólo se habría otorgado de manera ilegal, sino que también se mantuvo en el tiempo, lo que aún resta determinar, entre otros aspectos del caso.