Finca Karina: la causa avanza, pero hay cuatro prófugos y diez imputados en libertad

A cuatro meses del megaoperativo que derivó en la clausura de Finca Karina y en la desarticulación de una estructura de contrabando en Aguas Blancas, la causa federal continúa avanzando, aunque todavía presenta aristas sensibles. Actualmente, hay cuatro personas prófugas, diez imputados que transitan el proceso en libertad bajo estrictas condiciones y una sola acusada con prisión preventiva: Gladis Salazar, titular registral del inmueble fronterizo donde operaba la red ilícita.

Entre los prófugos se encuentra Alfredo Salazar, hermano de la mujer detenida y señalado como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita. Según la investigación, la estructura funcionó durante años en plena Zona Segura de Frontera, con una permisividad inusual, generando un enorme perjuicio económico al Estado argentino a través de lo que fue descripto como una verdadera “aduana paralela”.

La situación procesal fue analizada recientemente por una de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. En una audiencia realizada días atrás, el tribunal resolvió extender la prisión preventiva de Gladis Salazar, una técnica farmacéutica que al momento de su detención se desempeñaba en el Hospital San Vicente de Paul de San Ramón de la Nueva Orán. La noticia fue destacada en el marco de una causa que, según se remarcó, habría generado una recaudación ilegal estimada en unos 3.000 millones de pesos anuales.

Investigación penal

La investigación penal se inició tras los allanamientos realizados en agosto, en los que participaron unos 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, Aduanas y ARCA. A partir de ese operativo, el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, formalizó la imputación contra 11 personas detenidas, a quienes se les dictó prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado.

En las semanas siguientes se sucedieron diversas audiencias en las que la Cámara Federal, al resolver recursos presentados por las defensas, consideró razonable que diez de los imputados aguardaran el avance del proceso en libertad, aunque bajo un régimen de control estricto. Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse cada 15 días en dependencias de Gendarmería y la restricción absoluta de acercarse a Finca Karina, que continúa clausurada y bajo custodia permanente de fuerzas federales en el marco del Plan Güemes.

Los camaristas señalaron que, con excepción de Gladis Salazar, los elementos reunidos hasta el momento indican que el resto de los imputados habría tenido roles de menor relevancia en comparación con los hermanos Salazar, José Cardozo —padre de los hermanos Cardozo— y otros implicados que aún permanecen prófugos.

En la última audiencia vinculada a la causa, la Cámara resolvió no hacer lugar al recurso presentado por la defensa de Gladis Salazar, que solicitaba su libertad en condiciones similares a las otorgadas a otros imputados. El juez Santiago French, quien presidió esa audiencia, explicó que el tribunal buscó “separar la paja del trigo” y sostuvo que Salazar presenta un nivel de protagonismo superior al de quienes recuperaron la libertad. Además, remarcó que, dadas las características del caso y del lugar donde se desarrollaron los hechos, subsisten riesgos procesales concretos.

Titular registral del predio

Uno de los puntos centrales que pesan sobre la imputada es su condición de titular registral de una de las matrículas del predio conocido como Finca Karina. Según consta en la cédula catastral, Salazar adquirió el inmueble a su hermano en febrero de este año, cuando la actividad de contrabando se encontraba en plena operación. Para los jueces, ese predio “funcionaba peligrosamente como una aduana paralela con un enorme perjuicio al Estado”.

El tribunal también puso en duda la versión de la imputada, quien aseguró que nunca había estado en el lugar. Esa afirmación fue refutada por el fiscal Romero mediante pruebas que indicaron que el teléfono celular de Salazar impactó al menos siete veces en el predio, un elemento considerado relevante para la causa.

El principal sospechoso

La defensa sostuvo que no deberían atribuírsele a ella las responsabilidades de su hermano, principal sospechado de organizar la estructura ilícita. Sin embargo, el juez French advirtió que la imputada se vinculó contractual y patrimonialmente con él y que aún no está claro si actuó como una simple prestanombre o si tuvo una participación mucho más activa, como sostiene la fiscalía.

A esto se suma la existencia de un contrato de arriendo que los jueces consideraron aparentemente irreal, vinculado a supuestas plantaciones de las que no se halló evidencia alguna. Para la Cámara, estos elementos refuerzan la hipótesis de que Gladis Salazar no fue una ajena a la maniobra, sino que habría tenido un grado de participación mayor al de otros imputados.