Red de Trata: Ahora las víctimas suman 33

Ayer hubo movimientos en juzgado federal de Garantías N°1 porque se conoció que ya son 33 las víctimas en el caso de trata sexual de alumnas de colegios secundarios, ya son nueve los imputados y se amplió la imputación penal y a la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026. 

De la audiencia -que se desarrolló el 16 de diciembre pasado y se extendió por más de seis horas- participaron el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual; el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio; el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, en representación de 16 menores; la abogada Sandra Domene, querellante particular por una víctima; los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas en representación de otra adolescente y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.

Cabe recordar que la formalización de la investigación se realizó el 11 de septiembre pasado, tras la detención de cuatro personas, que fueron imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas; el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.

Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata sexual. Tras las detenciones que se concretaron entre septiembre y noviembre y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.

Iniciado el caso, la responsable del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, llevó adelante una tarea de contención que permitió a las chicas revelar detalles de cómo funcionaba la red de trata y también detectar a otras adolescentes captadas. Actualmente, se llevan a cabo distintas pruebas de Cámara Gesell, medida clave para terminar de cerrar el círculo delictivo. En el caso, colabora también la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.

La tarea investigativa, a cargo tanto de la Fiscalía de Distrito como del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria se centra actualmente en los peritajes a teléfonos y otros dispositivos secuestrados a los acusados, como así también otras diligencias complementarias.

De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, en tanto, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.

Un supuesto captador de menores sería un joven del colegio Juan Carlos Saravia, ubicado en barrio Limache.
La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.

Al fundar la ampliación de las imputaciones, el fiscal general dejó en claro que las nuevas calificaciones adjudicadas a los detenidos surgen de las numerosas evidencias recolectadas, entre ellas los datos extraídos de los teléfonos que ya pudieron ser peritados, los reportes de transferencias bancarias y los informes de las redes sociales.

Consideró que dichas evidencias coinciden con detalles que fueron revelados por las víctimas, tanto respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como los lugares en que se consumaba la explotación sexual, tales como hoteles alojamientos ubicados sobre la ruta 26, o bien, en las viviendas de algunos de los acusados.

No obstante, la fiscalía sostuvo que aún resta analizar un gran cúmulo de material probatorio que podría develar otros delitos, o bien, identificar a otras personas implicadas en esta red de trata sexual, siendo este uno de los argumentos que fue expuesto para solicitar la ampliación del plazo de investigación, fijado por el juez para el 26 de marzo del 2026.

El otro fundamento expuesto estuvo vinculado a las entrevistas en Cámara Gesell que aún están en proceso, un elemento que fue considerado vital dado que se trata de relato de las víctimas. Según comentó, algunas de ellas hasta expresaron sentirse atemorizadas. En tal sentido, el fiscal general develó que, en determinados casos, se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados, situación que llevó a tomar medidas de protección hacia las víctimas.

Vía: El Tribuno