El Colegio de Abogados objetó la continuidad de López Viñals como juez de la Corte
El procedimiento participativo que abrió el Ministerio de Seguridad y Justicia, tras la decisión del Ejecutivo provincial de proponer ante el Senado un nuevo acuerdo que permitiría a Pablo López Viñals mantenerse en la Corte salteña por otros diez años, sumó otra dura objeción institucional a la continuidad del juez cuyo mandato expiró el viernes último.
Salta Hoy
19 / 05 / 2025

Con una enérgica presentación dirigida al ministro Gaspar Solá Usandivaras, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta expresó su oposición institucional a la postulación de López Viñals para un nuevo período como juez de la Corte, "en nombre de la legalidad, de la coherencia institucional y de la plena vigencia de la Constitución de la Provincia de Salta".
De este modo, la entidad que representa a una matrícula de más de 8.000 abogados en la provincia, manifestó su desacuerdo en concordancia otras oposiciones, como las que interpusieron el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) y el juez de Cámara Gonzalo Mariño.
Esta oposición se basa en la modificación del artículo 156 de la constitución provincial, que establece un único periodo de 10 años para los magistrados.
Además, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio Díaz Lenes, mencionó una acordada de la Corte de Justicia que indica que los magistrados deben cesar en sus funciones al cumplir 70 años. Dado que el doctor López Viñals ya cumplió su periodo y dejó de ser ministro de corte, el Consejo considera que no puede ser renovado en su cargo.
El Colegio de Abogados recordó que la reforma de la Constitución de Salta de 2021 introdujo un conjunto de cambios normativos orientados a consolidar los principios republicanos y garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones.
La institución precisó que entre esas reformas se destacó la modificación del artículo 156, que estableció que los jueces de la Corte de Justicia duran diez años en sus funciones, sin posibilidad de ser nombrados nuevamente.
"Esta limitación expresa y categórica tiene como finalidad preservar la independencia judicial, impedir la consolidación de poderes personales y asegurar la alternancia institucional, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema democrático", dijo Díaz Lenes, remarcando la oposición elevada a la cartera de Seguridad y Justicia de la Provincia.
