Juicio a Cositorto: Pedido de nulidad, nuevo cambio de defensor y nuevo cuarto intermedio

Tras el pedido de nulidad del juicio presentado por la defensora oficial de Nelson Leonardo Cositorto, la Sala 1 del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves 5 de junio, a las 9:00.

Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, son acusados por los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La audiencia de debate, que había sido suspendida el jueves pasado tras el nombramiento de un nuevo abogado defensor por parte de Cositorto, se reanudó este miércoles con la presencia de los jueces; la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos; y los abogados querellantes y defensores. Franco Rodolfo Tolaba, abogado de Cositorto, participó a través de una comunicación virtual.

Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte de la Fiscalía, el presidente del Tribunal informó al líder de Generación Zoe que su abogado defensor había presentado la renuncia. Como Cositorto no designó un nuevo abogado, el Tribunal le reasignó a Cecilia Martínez, la defensora pública que había intervenido en su representación hasta la semana pasada, cuando él mismo decidió reemplazarla.

La defensora oficial solicitó la nulidad de la audiencia de debate por considerar que se vulneraron garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa y el debido proceso. Argumentó que, a lo largo de la causa, Cositorto había atravesado varios cambios de defensa —tanto particular, como oficial—, lo que generó una situación de indefensión. Señaló que en ese contexto no se trataron los planteos previos ni se resolvió el ofrecimiento de prueba presentado por la defensa pública.

Martínez también cuestionó que la audiencia se hubiera iniciado a pesar de que había recursos pendientes de resolución y una prisión preventiva ya vencida. Denunció además que el tribunal avanzó con la apertura del debate sin esperar la designación de un nuevo defensor tras la renuncia del abogado particular, presentada ese mismo día, pocos minutos antes del inicio. La defensora advirtió que, en caso de no decretarse la nulidad, se reserva el derecho de plantear la cuestión en Casación.

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, rechazó categóricamente el pedido de nulidad planteado por la defensa, argumentando que el juicio ya se encontraba formalmente iniciado y que cualquier cuestionamiento debía resolverse con la sentencia. “No se puede pedir la nulidad de algo que todavía no ha ocurrido”, destacó, en alusión a que la audiencia de debate aún no había concluido y que, al inicio de la audiencia se encontraban presentes todas las partes. Afirmó que el planteo no tenía fundamento jurídico y que solo podía tratarse al final del proceso, como parte de las reservas formuladas por las partes.

Además, cuestionó con dureza el accionar de la defensa, a la que acusó de obstaculizar deliberadamente el juicio. “Lo único que percibí es una fuerte catarsis de la defensora oficial porque inició el juicio, a pesar de todas las artimañas que se han implementado para impedir la realización de este debate”, afirmó. Recordó que fue el propio Cositorto quien cambió de defensor el jueves pasado, a horas del inicio de la audiencia, y que el abogado Franco Tolaba no sólo estuvo presente por medios electrónicos, sino que también se le brindó acceso completo al expediente.

Remarcó que desde su fiscalía el legajo estuvo a disposición de la defensa desde el jueves 29 de mayo, día en que asumió la representación de Cositorto, y que esto le fue comunicado fehacientemente. Incluso, agregó, se dispuso una guardia activa para facilitarle el acceso en caso de que se presentara, cosa que recién ocurrió ayer, martes, cuando el abogado se limitó a sacar fotos de algunas hojas de los quince cuerpos que tiene la causa. “Nunca existió una verdadera intención de asumir la defensa. Todo esto responde a una estrategia para obstaculizar el juicio, abusando de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, con el único objetivo de evitar que este debate finalmente se realice”, concluyó la fiscal Salinas Odorisio.

Los abogados querellantes adhirieron en todo al planteo realizado por la representante del Ministerio Público Fiscal.