La Justicia identifica los bienes de Cristina Kirchner para avanzar con el decomiso

El Tribunal concedió el recurso de Casación solicitado por Cristina Kirchner para que se revise el método de cálculo del decomiso de 537 millones de dólares que le reclama la Justicia en la causa Vialidad. Sin embargo, el mismo tribunal inició el proceso para individualizar sus bienes con el fin de ejecutar la sentencia y comunicar esa información a la Corte Suprema.

La decisión fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes rechazaron el pedido de la expresidenta de suspender la medida hasta que exista una definición firme sobre el monto. Para el TOF 2, el cuestionamiento de la referente de Fuerza Patria “excede la mera impugnación” y apunta a cifras y fundamentos que “ya no son susceptibles de modificación”.

En el fallo, los magistrados remarcaron que la cifra base del decomiso, equivalente a unos $85.000 millones al momento de la condena, surge de “hechos gravísimos de corrupción” y fue avalada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. A partir de esa base se aplicó la actualización calculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con el índice de precios al consumidor del INDEC, para llegar a los US$ 537 millones actuales.

Cristina Kirchner sostiene que no posee patrimonio vinculado al delito por el que fue condenada y que toda su evolución patrimonial, al igual que la del resto de su familia, “resulta absolutamente legítima”. En su escrito, insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, cuestiona el método de actualización utilizado y señala que, de haberse aplicado la tasa pasiva del Banco Nación —como en otros expedientes derivados de Vialidad, como Hotesur-Los Sauces—, el monto resultante sería “100 veces menor”. Para los abogados, la utilización del índice de precios “es técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, por lo que reclaman la nulidad de la intimación y la suspensión de cualquier ejecución.

El tribunal, en cambio, defendió la elección del método por la “solidez” del informe oficial, elaborado conforme a las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, y por la coherencia de mantener el mismo criterio usado para la primera actualización monetaria en diciembre de 2022.

Fuente: TN