Condenan a 7 años de prisión a un empleado judicial por el transporte de marihuana

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal de esa provincia, a 7 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dado que consideró acreditado que lideró una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana que tenía como destino la ciudad de Rosario de la Frontera y que fue desbaratada el 21 de diciembre pasado en el marco de un procedimiento de control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5.

Con la unanimidad de los votos de Marta Snopek (presidenta), Gabriela Catalano y Diego Matteucci, el tribunal también condenó por los mismos hechos y calificación a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a penas de 6 años de prisión. La sentencia incluyo la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que fue utilizada para el transporte de la droga. El vehículo era propiedad de una empresa de transporte de la cual el funcionario judicial es socio.

Las condenas fueron dictadas en línea con el requerimiento de la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, quien llevó adelante el caso desde su inicio, tarea en la que también intervinieron la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla. La única discordancia entre la sentencia y el pedido de la fiscalía estuvo en la pena para Peralta, a quien la fiscalía había requerido que se condenara a 7 años de prisión.

En su alegato, la fiscal puso de relieve el daño para la salud que hubiera provocado el cargamento en la sociedad de Rosario de la Frontera, golpeada por el flagelo del consumo de drogas, donde se dirigía la marihuana incautada. Calculó que hubiera servido para generar casi 13 dosis por cada habitante.

Control vehicular

El caso que llegó a juicio tuvo su origen en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, el 21 de diciembre pasado, donde fue revisada la camioneta Kia Sorento, conducida por Luna, quien informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y que se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán.

La fiscal describió en la audiencia que, mientras revisaba los papeles del vehículo, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos y solicitó al chofer que las corriera para ver qué había debajo. Añadió que, como Luna se negó, los gendarmes movieron la carga y descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados.

En tal sentido, precisó que, tras informar de ello a la Unidad Fiscal, y bajo sus directivas, los gendarmes avanzaron con una requisa más profunda. De esa forma, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores de la camioneta 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana, con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.

La fiscal explicó que Luna fue detenido y, a los dos días, formalizó la investigación penal en su contra, en tanto la Unidad Fiscal trabajó con diferentes diligencias, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.

La fiscal Gallo relató que las tareas de campo y de inteligencia criminal encomendadas al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, quien detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial, el 18 de marzo.

“Una ciudad que sufre el flagelo de la droga”

Los acusados optaron por no declarar. La fiscalía desarrolló en su teoría del caso que Aponte tuvo un rol superior, con un absoluto dominio de la droga, incluso como inversor.

Respecto a Luna, la fiscal calificó su participación criminal como transportista, con un eslabón de menor escala. Peralta, en tanto, fue considerado en un rol mayor al del conductor, como encargado de controlar el trayecto del estupefaciente, desde Orán a Rosario de la Frontera.

Para probar estas tesis, la fiscalía contó con el testimonio de los efectivos que participaron del procedimiento, al igual que los investigadores, peritos y analistas.

En su alegato, Gallo ratificó la participación de los tres imputados en el transporte de la droga. Puso de relieve que la marihuana incautada tenía un alto porcentaje nocivo, y marcó que eso es motivo de preocupación en los últimos meses. “Rosario es una de las ciudades que sufre mucho el flagelo de la droga, no solo por el consumo en distintas edades, sino también advertimos que, detrás de cada delito ordinario, como un robo, hay siempre una situación de adicción e ingesta de drogas”, resaltó.

Explicó que los tres acusados residen en esa localidad y que estaban “embarcados” en una maniobra dirigida a perjudicar a “sus propios vecinos”. “Rosario tiene una población de 33.809 personas, mientras que la droga que los acusados pretendían comercializar allí tenía una capacidad de producción de 438.304,161 dosis, o sea, una cantidad de 12.96 dosis por cada habitante”, reveló la fiscal.

Plan común y división de roles

En cuanto a la logística de la maniobra, la división de roles y la responsabilidad que cada uno tuvo en la empresa criminal, la fiscalía describió un “plan común” entre los acusados, aunque con motivaciones distintas, ya que explicó que, mientras Luna y Peralta intervinieron por un rédito económico, Aponte lo hizo “con fines de lucro”.

En ese sentido, la fiscal repasó una a una las pruebas que la llevaron a determinar las imputaciones presentadas. Resaltó el rol del empleado judicial como clave y en una escala superior, pues marcó que tenía conocimiento acabado de lo que hacía, dado que se desempeñaba en un juzgado de garantías del fuero penal. Destacó su carrera judicial, que inició en 2005 y que atravesó varias reparticiones, con lo cual consideró confirmada su experticia en materia criminal.

Gallo remarcó además que la posición económica de Aponte era satisfactoria, pues era socio con un pariente de la firma Aponte SRL, una firma de transporte interurbano. Dijo que la camioneta usada para acondicionar la droga y transportarla era un bien de esa sociedad, y que tras la operación desbaratada fue afectado el desarrollo del servicio y ello provocó su posterior cierre.

A través del análisis del teléfono de Luna, la fiscal confirmó los nexos con Peralta y Aponte, quienes -dijo- llamativamente se deshicieron de sus líneas tras la detención de aquel: el empleado judicial directamente cambió todo el equipo, mientras que Peralta solo el chip.

Explicó que, tras acordar el plan delictivo, Luna y Peralta viajaron juntos hasta el norte de la provincia, probablemente a Orán, donde recibieron la droga, que fue acondicionada en numerosos paneles dentro del rodado: en el piso, en los laterales y en el techo. En tal sentido, dio crédito a los gendarmes por su sagacidad en descubrir los paquetes ocultos.

La fiscal apuntó a las hipótesis defensistas, entre ellas la intentada por la defensa del funcionario judicial, quien trató de justificar la entrega del rodado a Luna con un fin de venta en la ciudad de Metán, cuando de los mensajes recuperados se advierten diálogos en los que Aponte es informado que Luna ya estaba en Orán e iba alojarse en un hotel, sin que esto lo sorprendiera.

“Aponte sabía que Luna no fue a ver a ningún posible comprador, sino a buscar la droga y que Peralta iba con él; por eso en el teléfono de Luna no había cruces de mensajes o llamadas con quien ejercía el rol de controlador”, explicó.

Añadió que una vez con la droga, Peralta tomó distancia de Luna y retornó en otro vehículo. Explicó que esto es normal en las actividades de narcotráfico, pues describió que quienes tienen mayor dominio de la droga siempre tratan de ponerse lejos de la sustancia, pero sin perder el control.

Marcó que, en esa tarea de control posterior Peralta llamó nueve veces a Luna, a quien le sonaba el teléfono en momentos en que se llevaba adelante la requisa de la camioneta.

La fiscal indicó que, luego de la incautación de la droga, Aponte se comunicó con un abogado de Tucumán, a quien le pagó para que asumiera la defensa de Luna, con el objetivo de evitar que declarara. En efecto, esa fue la postura que tuvo el transportista en la audiencia de formalización del caso.

Gallo indicó que, con base en el peritaje del teléfono celular de Luna, se pudo establecer que Aponte tuvo una intensa actividad de monitoreo sobre el transportista y su ruta de viaje, y que los llamados se acrecentaron cuando Luna ya estaba próximo a llegar.

Tras describir el hecho, el rol de cada uno de los acusados y las pruebas obtenidas, la fiscal dio por acreditada la responsabilidad penal de los tres imputados, como coautores. Las defensas, en tanto, apelaron al beneficio de la duda, o bien, a justificar un rol secundario de sus defendidos.

El tribunal, en cambio, desechó esas postulaciones y, en coincidencia total con la fiscalía, declaró la responsabilidad penal de los tres imputados.

A esa instancia siguió el juicio de determinación de pena, donde la fiscal propuso 7 años de prisión para Aponte y Peralta, y 6 para Luna. El tribunal consideró que Luna y Peralta tuvieron un mismo nivel de responsabilidad, por lo que ambos fueron condenados a 6 años de prisión.