Juicio a la red narcocriminal carcelaria: La Unidad Fiscal presentó pruebas clave

Se llevó a cabo hoy, la segunda jornada de la audiencia de debate seguida contra veinte personas -funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y familiares-, acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal.

El procurador general Pedro García Castiella coordina la intervención del Ministerio Público Fiscal en el debate, a través de una Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt. La audiencia es presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

En primer lugar prestó testimonio el comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, que depende del Departamento de Investigación y Criminología del CIF y cuenta con 17 años de trayectoria en investigación criminal. Precisó que la investigación inició con una denuncia presentada por testigos de identidad reservada, en la que se señalaban presuntos actos de corrupción cometidos en el interior del penal de Villa Las Rosas.

Frente a esta situación, se diseñó una investigación metodológica y sistemática, considerando que los investigados concentraban toda la información, lo que generaba una gran dificultad para avanzar dentro del propio ámbito de servicio penitenciario.

Ante ese panorama, explicó que se implementó una estrategia basada en herramientas específicas, entre ellas la intervención de dispositivos telefónicos mediante sus códigos IMEI, dado que los internos suelen cambiar frecuentemente de chips. Detalló que esta medida fue solicitada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO), con el correspondiente respaldo fiscal. Además, informó que paralelamente se requirió información bancaria vinculada a movimientos sospechosos en cuentas y CBU, relacionados con la comercialización de estupefacientes dentro del penal.

Indicó que la intervención inicial comprendió seis dispositivos, durante un lapso de 30 días, período en el cual se registraron comunicaciones que permitieron detectar intercambios entre internos, familiares y funcionarios penitenciarios en relación a pagos, beneficios indebidos y otras conductas ilícitas. Señaló que se individualizó a tres oficiales del escalafón jerárquico y también a suboficiales con distintos roles dentro del servicio penitenciario.

Precisó que, con esos nombres, se solicitó ampliar la intervención telefónica a los dispositivos directamente vinculados a estos funcionarios, con el fin de profundizar la trazabilidad de sus movimientos y relaciones.

Afirmó que se trabajó en conjunto con el área de inteligencia penitenciaria y su jefatura, cuyos aportes resultaron clave para validar los datos obtenidos de las escuchas. A partir de ese entrecruzamiento, sostuvo que se pudo determinar con precisión las funciones que cada uno de los implicados ocupaba dentro de la estructura, desde celadores y jefes de pabellón hasta encargados de seguridad externa y miembros de la Junta Correccional.

Respecto de esta última, explicó que se trata del órgano encargado de otorgar beneficios contemplados en el reglamento, como traslados, progresividad de pena o ingreso a granjas. Detalló que estos beneficios eran gestionados de manera irregular a través de una red interna que operaba con conocimiento y participación de determinados funcionarios. En ese contexto, identificó al oficial José Luis Alarcón, alias “Cachorro”, como uno de los responsables de coordinar el ingreso de elementos prohibidos —como celulares— a través de familiares de internos.

Durante la declaración fueron exhibidos audios extraídos de las escuchas y capturas de pantalla de mensajes, los cuales respaldaron lo expuesto por Sánchez. Entre los diálogos más relevantes se destacaron las conversaciones del interno Manuel Méndez con su madre, en las que se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario. En uno de los audios, según relató el testigo, Méndez mencionaba haber conseguido «diez puntos de conducta», a pesar de no cumplir con ninguna norma, y se reía junto a su madre del manejo que ejercía sobre los agentes para conseguir privilegios e ingresar elementos sin control.

El comisario también describió el rol de Sergio Faustino Moya, jefe de seguridad externa, a quien atribuyó la coordinación de traslados irregulares de internos y favores gestionados mediante personal de mantenimiento, bajo la excusa de solicitudes de familiares ficticios. Dijo que Moya continuaba operando incluso desde la alcaldía de Ciudad Judicial y que exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de una parte de lo ingresado de forma ilícita.

Agregó que Moya, además de su función en el penal, desempeñaba tareas en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, y que allí también se lo observó gestionando beneficios de forma irregular a cambio de dinero.

Con relación a la estructura de la organización, el testigo identificó a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo en el circuito delictivo, encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios. Ejemplificó este mecanismo con el caso del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba.

Detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F —destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad— tras el pago de sumas de dinero que, según afirmó, Córdoba se encargaba de distribuir entre los funcionarios involucrados. Indicó que si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia. Este movimiento, señaló, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.

Al ser consultado por la Fiscalía sobre otras solicitudes vinculadas a este interno, respondió que se gestionaba  cualquier trámite que pudiera mejorar sus condiciones de detención, incluyendo atención médica preferencial. Remarcó que todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien incluso instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos utilizar ante el servicio penitenciario.

Finalmente, Sánchez sostuvo que se logró establecer una trazabilidad financiera que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando así un circuito de financiamiento que sostenía el funcionamiento de la organización ilícita dentro del penal.

Luego declaró el subcomisario mayor Ariel Barrera, jefe de la Unidad de Investigación UFINAR. Señaló que, a partir de la intervención de IMEI de distintos celulares, se detectó la comercialización de estupefacientes en el interior de la Unidad Carcelaria N° 1.

A partir de ese hallazgo, se conformó la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación. Durante su testimonio, Barrera precisó el rol que cumplía cada uno de los involucrados en la maniobra: proveedores, contacto logístico, funcionarios penitenciarios encargados del ingreso de la sustancia y el interno responsable de la distribución.

Tras los testimonios de los jefes de las Unidades investigativas, dio por concluida la jornada y convocó para mañana a las 8 a las partes para escuchar a otros seis testigos.