Detrás del incongruente padrón electoral de Aguas Blancas habría miles de DNI fraguados

El municipio fronterizo de Aguas Blancas (departamento Orán) quedó en el centro de una investigación federal que podría destapar uno de los mayores escándalos de irregularidades documentarias en el norte argentino. Según constató el fuero federal de Salta, el padrón electoral de esa localidad registra 5.736 electores habilitados para votar frente a 3.648 habitantes censados en 2022, es decir, un 57% más de votantes que de residentes reales.

La pesquisa, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, apunta a determinar responsabilidades penales por la presunta entrega irregular de miles de documentos nacionales de identidad (DNI) argentinos a ciudadanos bolivianos mediante certificaciones falsas. La hipótesis es que este mecanismo se habría intensificado desde 2011, cuando una amnistía reglamentada para reconocer derechos a pobladores originarios indocumentados en el norte salteño terminó desnaturalizada.

En uno de los casos más llamativos, se descubrió que 2.500 electores figuran con domicilio en apenas cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, lo que motivó un operativo inédito de verificación domiciliaria. El martes pasado, 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 de Gendarmería Nacional realizaron relevamientos casa por casa y hasta vía aérea con drones, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial.

“La hipótesis principal es que ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad. Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señala un informe de la Fiscalía Federal.

La causa se originó a partir de dos denuncias. La primera, en 2023, del dirigente político Santiago Alberdi, quien afirmó que en fechas electorales se veían largas filas de personas cruzando desde Bolivia para votar a cambio de dinero con presunta residencia o nacionalidad fraguada. La segunda, en octubre de 2024, de la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, que pidió investigar el presunto ingreso irregular y la entrega masiva de documentos.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía Federal con competencia electoral en Salta prepara nuevas medidas y no descarta imputaciones a funcionarios o intermediarios.