Pensiones por invalidez: Salta llevó a la Corte Suprema un reclamo por arbitrariedades

La Fiscalía de Estado de Salta, a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión masiva de pensiones no contributivas por invalidez en la provincia. La demanda, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también solicita una Medida Cautelar y un pedido de audiencia pública.

El planteo busca el restablecimiento inmediato y el pago retroactivo de las pensiones suspendidas, así como la adopción de medidas urgentes para garantizar un procedimiento transparente y profesional que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad.

La Provincia fundamenta la acción en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y en las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS, a las que califica de “arbitrarias, carentes de sustento normativo y violatorias de derechos fundamentales”. Entre los cuestionamientos se enumeran:

• Falta de notificación previa a los beneficiarios.

• Criterios dispares en las evaluaciones médicas.

• Auditorías realizadas por personal sin habilitación profesional.

• Negativa de la ANDIS a brindar información nominal y procedimientos detallados de las suspensiones.

El escrito también denuncia el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban. “Las acciones del gobierno nacional no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que agravan su situación, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana”, señala la presentación.