Juicio Unidad Carcelaria: Internos y exinternos declararon cómo era la dinámica del penal

En la vigésima jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, declararon siete personas. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

En primer lugar prestó testimonio por la defensa un miembro del Servicio Penitenciario, quien dijo conocer a Moya, Bucotich y Bisceglia y tener buen concepto de todos ellos y precisó que él siempre era requisado antes de ingresar al penal.

A continuación, compareció la sobrina de uno de los acusados y de un exinterno que ya había declarado semanas atrás. Relató que su tío, el exinterno, solía llamar para pedir transferencias de dinero e incluso habían ido al lugar de trabajo de su madre a cobrar deudas. Señaló además que, en una oportunidad, su madre exigió verlo en el penal luego de que pasara un tiempo sin contacto y, al lograr la visita, lo encontró golpeado y en mal estado de salud. Por exigencias de la mujer, el hombre fue trasladado al Hospital San Bernardo.

Posteriormente, los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar dispusieron que los imputados se retiraran de la sala para continuar con la declaración de los testigos.

En tercer término, declaró la esposa de un detenido de la Unidad Carcelaria 1. Indicó que había realizado varias transferencias de montos bajos para la compra de bebidas y alimentos, a pedido de su marido, quien la llamaba desde teléfonos públicos o desde un celular. Negó haber hecho transferencias mayores, aunque tras la exhibición de comprobantes por parte de la Fiscalía y el recordatorio del juramento por parte del Tribunal, reconoció haber enviado $18.000 (equivalentes a unos $80.000 actuales) para ingresar un celular al penal. Recordó la zona de la ciudad en la que entregó el aparato, en una “casa de altos, amarilla”. La Fiscalía le exhibió la fotografía de una de las viviendas allanadas que coincidían con la descripción y la testigo identificó el lugar. Aclaró que el hecho ocurrió de noche y que no prestó atención a la persona que la recibió, salvo que vestía un pantalón corto.

Posteriormente declaró un exinterno de la UC1, quien aseguró que “siempre se comentaba que toda clase de beneficios era a través del jefe Bisceglia y de Méndez (interno). Precisó que a éste era el único del penal que tenía la celda para él solo y que no se la requisaban, que tenía un anafe en donde se preparaba “hamburguesas” y contaba con otros beneficios.

Indicó que sabía por otros internos que otro de los acusados también entraba la droga y que había escuchado que Bisceglia hablaba siempre con la madre de Méndez.

Dijo que, cuando estaba en la Alcaidía, se comentaba que Bucotich y otro celador al que llamaban Quinientos, eran “camiones”, es decir quienes llevan la droga.

En otro tramo de su declaración, manifestó que a lo largo del tiempo que estuvo detenido jamás vio un procedimiento por “voleo” de drogas“ y que recordaba que un interno del que se hizo amigo era consumidor y solía endeudarse por consumir. “El 90% de los problemas en la cárcel son por las drogas”, sentenció.

También indicó que “ahí no hay posibilidad de denunciar las irregularidades. El sistema funciona de otro modo”y que “ellos saben con quién van a transar”

Luego declaró un detenido que actualmente se encuentra alojado en una cárcel federal, pero que anteriormente estuvo en la Unidad Carcelaria 1. Inició su relato afirmando que, al ingresar al penal, “ya te tienen estudiado” y saben qué pedirle a cada interno.

En su caso, explicó que como cumplía condena por venta de estupefacientes, le exigieron que facilitara proveedores de drogas. Aseguró que fue reclutado de manera forzosa por los jefes Vilte, Gutiérrez, Moya y Bisceglia, y que bajo esa presión se vio obligado a alquilar un inmueble que luego fue utilizado como depósito de estupefacientes. El contrato de alquiler, dijo, quedó a nombre de su esposa, y el garante fue otro agente penitenciario, de apellido Martínez.

Detalló que cuando decidió no continuar participando de esas maniobras, sufrió represalias: perdió todos los puntos de concepto, fue trasladado a una celda de castigo y en una requisa —a la que calificó como “fantasma”— le hicieron aparecer una lata con 150 “lágrimas” (dosis de droga). En ese sentido, sostuvo que esa era la forma en que el Servicio Penitenciario ejercía su poder sobre los internos, y añadió que, de haber tenido drogas para vender, no las habría dejado a la vista en una lata dentro de su celda.

El testigo señaló además que, a raíz de esos hechos, fue condenado (junto a su mujer e hijo) en una causa por venta de estupefacientes agravada por haberse cometido en un lugar de detención. Reconoció que durante ese juicio mintió, siguiendo la recomendación de su abogado, quien le aconsejó “no involucrar a los guardiacárceles”. Insistió en que él nunca comercializó dentro del penal.

Expresó también que la mayoría de la droga era ingresada por los guardiacárceles y no por las visitas. “A los familiares los revisan, les bajan las prendas, los hacen poner de cuclillas y los jefes pasan sin que los revisen”, dijo y aseguró que esto le constaba porque trabajó en la parte de limpieza y desde allí observaba todo.

También expuso que los celulares son ingresados por los mismos funcionarios del Servicio Penitenciario y que, incluso, “los celulares que son secuestrados durante una requisa a las 7 de la mañana; a las 10, los mismos guardiacárceles te los están vendiendo de nuevo”. Consultado sobre este punto, indicó que la oficina de Sumarios (a donde llevan los elementos secuestrados) queda al lado de la jefatura e indicó que sabía que eran los mismos aparatos porque allí los internos se prestan los celulares, por lo que se sabe la funda y las fotos que tienen.

En cuanto al consumo de sustancias, indicó que las cámaras apuntan al pasillo de un pabellón, pero no al interior de las celdas o baños y que es allí en donde se consume. Desde la Fiscalía se le consultó si los encargados veían estas situaciones y el testigo respondió que, de repente ingresaban varios a una celda, y que eso ya de por sí debía llamar la atención, pero que a los guardiacárceles “lo único que les importa es que los presos estén tranquilos, sin armar lío”. También señaló que “si quieren identificar a los vendedores, vean por las cámaras a los que frecuentemente los jefes los mandan a llamar”.

Recordó que vio al imputado Guaymás acercase hasta la reja y decirle a un interno: “Che, ya se reúne el Consejo y no me hiciste llegar la plata”

A lo largo de su testimonio, además de contar otras irregularidades, el testigo dijo que los guardiacárceles “son dueños y amos del penal. Te quitan los puntos porque después te los venden”,

El hombre indicó que, una vez que logró su traslado a la cárcel federal, radicó varias denuncias por todos estos hechos.

El último testigo de la jornada inició su declaración manifestando que tenía miedo y que días atrás había sido emboscado en el baño y apuñalado con una punta por otros dos internos. Atribuyó el ataque a su declaración en el presente juicio. También dijo que, pese a sus pedidos, no había recibido la atención médica necesaria y había sido trasladado a una celda de aislamiento, por lo que se encontraba sin poder ver a su familia.

La Fiscalía solicitó su resguardo en otra unidad carcelaria y asistencia médica.

Relató que él había mantenido un vínculo con la sobrina de Moya, por lo que conocía a la familia. Aseguró que éste se encontraba ligado a la venta de estupefacientes y que le había ofrecido participar a cambio de mejorarle sus condiciones de detención. El arreglo, recordó, que eran 10 gramos para vender y que la recaudación era de $45.000.

Habló sobre aprietes por deudas de drogas, lo que escuchó sobre la compra de beneficios, un sobrino de Moya alojado en la UC1, entre otras cuestiones. Precisó que, para salvaguardarse, debió “amurarse”, es decir comportarse mal para que lo encierren en una celda de aislamiento.

Al finalizar su testimonio, el Tribunal ordenó que sea alojado a resguardo y su asistencia médica.