La investigación judicial por el choque de trenes que dejó 45 muertos y decenas de heridos en España avanza con una definición clave: el siniestro habría sido provocado por un defecto estructural en la vía, y no por errores humanos u operativos. La confirmación reavivó las críticas por la falta de inversión y mantenimiento en el sistema ferroviario.

El periodista Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario El Debate, denunció por Radio Rivadavia una contradicción entre el discurso oficial del Ministerio de Transportes y el estado real de la infraestructura. Según afirmó, el tramo donde ocurrió el accidente no fue actualizado desde 1992, pese a anuncios de inversión por 750 millones de euros.

“Sabemos que la vía es la misma de 1992”, sostuvo Pérez Maura, y subrayó que vibraciones reportadas previamente por usuarios fueron desestimadas por las autoridades. En ese marco, quedó bajo la lupa ADIF, la empresa estatal responsable del mantenimiento, luego de conocerse que el carril afectado no fue inspeccionado durante los 58 días previos a la tragedia.

El periodista también apuntó a fallas graves en los sistemas de seguridad: un desprendimiento de 35 centímetros de vía no activó las alarmas automáticas ni detuvo la circulación. “Lo que no puede ocurrir es que se haya roto un tramo de la vía y que no haya saltado una alarma que haya parado todos los trenes”, remarcó.

La descoordinación se extendió a la respuesta de emergencia. Según relató, los equipos de auxilio no supieron de la existencia de un segundo tren accidentado hasta que pasajeros caminaron 800 metros para pedir ayuda.

La situación impactó de lleno en la confianza pública. Hay servicios de alta velocidad interrumpidos, especialmente hacia Andalucía, y pasajeros que manifiestan temor por vibraciones extremas en otros trayectos. Para Pérez Maura, el sistema ferroviario español no alcanza estándares internacionales de estabilidad, al punto de dificultar tareas simples durante el viaje.

En otro tramo de su análisis, el periodista vinculó esta crisis de gestión con asimetrías en el plano judicial, al mencionar el reciente archivo de una denuncia contra el cantante Julio Iglesias. Cuestionó la exposición pública de los acusados frente a la protección de denunciantes sin pruebas sólidas y concluyó que, tanto en seguridad ferroviaria como en el ámbito legal, “la justicia no es igual para todos”.