Test de drogas: Sáenz convocó a sesiones extraordinarias para tratar el DNU

El gobernador Gustavo Sáenz convocó a la Legislatura de Salta a sesiones extraordinarias para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 32/2026, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. Fuentes legislativas confirmaron que el decreto ya ingresó al Palacio Legislativo.

La medida apunta a que, para asumir o permanecer en cargos públicos, los funcionarios deban someterse a controles toxicológicos sorpresivos, con protocolos de confidencialidad, contraprueba y resguardo de datos personales. El alcance es amplio: incluye al gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, autoridades del Ministerio Público y de la Corte de Justicia, además de quienes ingresen a la función pública en los organismos comprendidos.

Desde el Ejecutivo fundamentaron el DNU en la necesidad de garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ejercen funciones públicas, bajo el principio de que el acceso al Estado no es un privilegio sino una responsabilidad que exige ética, idoneidad y transparencia. El decreto también invoca resguardos vinculados a la privacidad, no discriminación, derecho de defensa y debido proceso.

Controles sorpresivos y contraprueba

El esquema prevé tests rápidos homologados por la autoridad sanitaria, con confirmación en laboratorio habilitado ante resultados positivos y la posibilidad de contraprueba dentro de las 24 horas. La negativa injustificada a realizarse el examen será considerada equivalente a un resultado positivo y, de confirmarse, se activarán los mecanismos de remoción o inadmisibilidad previstos según el cargo.

La convocatoria a extraordinarias reactiva un debate que el año pasado no prosperó en la Legislatura, cuando un proyecto similar impulsado por el entonces diputado Juan Esteban Romero no fue habilitado para su tratamiento. Desde el Gobierno sostienen que el DNU busca destrabar la discusión y acelerar la implementación de un estándar de control en la función pública.

La secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, afirmó que la decisión del Ejecutivo permite “dar un paso muy importante” para renovar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. “Ejercer un cargo público exige idoneidad y ética, que no puede estar nublada por consumos problemáticos”, sostuvo.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, consideró que el DNU simplifica un debate que podría haberse extendido en el tiempo y valoró que todos los funcionarios deban someterse a los análisis. La diputada Griselda Galleguillos también respaldó la iniciativa y la calificó como un gesto “ejemplificador” para otras provincias, al entender que fortalece la transparencia institucional y la credibilidad de la política.