La fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov
Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. También pidió la inhabilitación de todos ellos para ejercer sus profesiones, pero que no sean detenidos.
Argentina
08 / 10 / 2026
La Fiscalía pidió este jueves una condena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, al presentar sus alegatos finales en el juicio que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro.
El fiscal Patricio Ferrari también solicitó 10 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga, y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, además de inhabilitaciones de 10 años para ejercer sus profesiones.
En tanto, pidió una pena de 5 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y de 4 años para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
La acusación también reclamó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no tuvo responsabilidad penal en el fallecimiento del exfutbolista.
"Él era interconsultor. No ha tenido ni potestad ni decisión en la salud", explicó Ferrari, quien sostuvo que el profesional fue el único que cumplió con sus obligaciones dentro del equipo encargado de atender a Maradona.
Uno de los aspectos centrales del alegato fue la diferenciación de las responsabilidades penales de los acusados.
La Fiscalía mantuvo la imputación por homicidio simple con dolo eventual contra Luque, Forlini y Cosachov, al sostener que conocían los riesgos que enfrentaba el paciente y no adoptaron las medidas necesarias para evitarlos.
"Se ha acreditado en el expediente que Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov, en ausencia de medidas correctivas, habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia, produjeron resultado. Nuestra convicción es que han cometido homicidio con dolo eventual", afirmó Ferrari.
En cambio, el representante del Ministerio Público consideró que no se logró demostrar esa misma conducta en los casos de Díaz, Perroni y Almirón, por lo que modificó la acusación a homicidio culposo.
Durante su exposición, los fiscales cuestionaron especialmente la actuación del neurocirujano, a quien responsabilizaron por no solicitar estudios médicos adecuados ni gestionar una internación en un establecimiento especializado.
"Leopoldo Luque no solicitó estudios médicos pertinentes. No confeccionó una historia clínica actualizada", señaló Ferrari, quien también le reprochó haber dispuesto el traslado del exfutbolista a una vivienda que carecía del equipamiento necesario.
La Fiscalía apuntó además contra Forlini, a quien atribuyó deficiencias en la organización del dispositivo de atención domiciliaria, y contra Cosachov, por presuntas omisiones en el seguimiento del tratamiento psiquiátrico y del estado general del paciente.
Los acusadores sostuvieron que Maradona presentaba signos evidentes de deterioro físico que no fueron atendidos adecuadamente por los profesionales responsables de su cuidado.
Ferrari también cuestionó las condiciones en las que el exfutbolista pasó sus últimos días, al considerar que no contaba con los elementos básicos para recibir asistencia ante una emergencia.
En otro tramo de los alegatos, el fiscal adelantó que no solicitará la detención inmediata de los imputados, pese a las penas de prisión reclamadas.
"No creemos que exista peligro de fuga porque todos han estado siempre a derecho", argumentó.
Sin embargo, pidió mantener la prohibición de salida del país y, ante una eventual sentencia condenatoria, disponer la entrega de los pasaportes, presentaciones mensuales ante la Justicia y restricciones para ausentarse de sus domicilios.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio de una hora tras la exposición de las penas solicitadas. Posteriormente continuará el turno de las querellas y las defensas, antes de que el tribunal avance hacia el veredicto.
Maradona falleció a los 60 años mientras permanecía bajo internación domiciliaria después de haber sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural. La Justicia busca determinar las responsabilidades penales de los profesionales que estuvieron a cargo de su atención durante las últimas semanas de vida.