El Gobierno de Paraguay prepara un proyecto de ley para proteger a las empresas relacionadas con Ueno Bank y evitar despidos tras la disolución de la entidad financiera.

La iniciativa, anunciada por el presidente Pedro Alliana, contempla que el Estado pueda designar administradores temporales por un plazo de ocho meses. Durante ese período, los actuales directivos serían apartados y se ordenarían las cuentas de las compañías para garantizar que continúen funcionando.

“Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo”, expresó Alliana en su cuenta de X.

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que el proyecto habilitaría una intervención transitoria en firmas vinculadas con entidades financieras que atraviesen un proceso de resolución.

El funcionario aclaró que el Estado no asumirá las deudas de esas empresas. También señaló que se establecerán límites para impedir la transferencia de bienes, el reparto de dividendos, el pago de créditos a accionistas y el traslado de fondos por fuera de las operaciones habituales.

La medida no se aplicaría de manera automática a todas las compañías que hayan mantenido relaciones comerciales con Ueno Bank. Según explicó González, se definirán criterios específicos para determinar el grado de vinculación y control sobre cada firma.