El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad
Los 71 senadores presentes respaldaron la iniciativa que conserva las pensiones, las prestaciones médicas y la actualización de aranceles. La nueva normativa reemplaza el régimen de emergencia que vence en diciembre y establece mecanismos de financiamiento, auditorías y pago de deudas a prestadores.
Argentina
19 / 11 / 2026
El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la nueva ley de discapacidad, una iniciativa que establece un régimen permanente de protección social, prestaciones y financiamiento. La votación terminó con 71 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención. Durante el debate, legisladores reclamaron al Gobierno nacional que garantice la aplicación efectiva de la normativa.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, donde había obtenido 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La nueva legislación busca reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un sistema permanente que garantice la continuidad de las prestaciones, la actualización de los aranceles y el financiamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Uno de los principales cambios está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad y su compatibilidad con el empleo registrado, una cuestión que afecta directamente a quienes buscan incorporarse al mercado laboral sin perder su protección social.
Nueva ley de discapacidad: qué cambia en las pensiones
La norma establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualizarán mediante los mecanismos de movilidad previsional.
Además, introduce un cambio importante para quienes trabajan o buscan empleo: la posibilidad de cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo registrado, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Esta disposición también contempla a quienes se desempeñen como monotributistas, bajo las condiciones establecidas en la legislación.
En caso de que los ingresos superen el límite permitido, la prestación podrá suspenderse mientras se mantenga esa situación. Si posteriormente la persona pierde el empleo o vuelve a cumplir los requisitos, podrá solicitar la rehabilitación del beneficio.
La medida apunta a evitar que la incorporación al trabajo formal implique necesariamente la pérdida definitiva de una pensión.
Qué pasará con las prestaciones, los tratamientos y el transporte
Otro de los aspectos centrales de la nueva ley es la continuidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La legislación mantiene el nomenclador único que establece los valores de referencia para los servicios y contempla mecanismos de actualización periódica de los aranceles.
Esto alcanza a prestaciones comprendidas en el sistema, entre ellas tratamientos de rehabilitación, terapias, transporte y servicios de instituciones especializadas.
La actualización de los valores busca dar mayor previsibilidad a los prestadores, que dependen de esos pagos para sostener la atención.
Asimismo, la nueva normativa contempla la regularización de las deudas pendientes con prestadores del sistema de discapacidad.
Cuándo se pagarán las deudas a los prestadores
El texto aprobado por el Congreso establece un mecanismo para regularizar las obligaciones económicas pendientes.
Según las disposiciones previstas, el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días correspondientes y completar los pagos comprendidos en el mecanismo en un plazo de hasta 90 días, conforme a los requisitos administrativos establecidos.
Estas medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones en tratamientos y prestaciones.
El Gobierno deberá reglamentar la nueva ley en 30 días
Uno de los puntos más relevantes de la sanción es el plazo previsto para que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación.
La nueva ley establece un plazo de 30 días para su reglamentación, aunque el cómputo deberá ajustarse a las disposiciones de entrada en vigencia de la norma.
La aprobación del Senado completa el trámite legislativo, pero todavía restan la promulgación, la publicación oficial y las medidas administrativas necesarias para poner en funcionamiento el régimen.
Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición reclamaron al Gobierno nacional que cumpla con la reglamentación y garantice los recursos necesarios para aplicar las disposiciones aprobadas.
El pedido se produjo en un contexto de reclamos de organizaciones, familias y prestadores por las dificultades de financiamiento del sistema.
Cómo serán las auditorías de las pensiones por discapacidad
La nueva legislación también contempla mecanismos de fiscalización y control de las prestaciones.
Los organismos competentes podrán realizar auditorías periódicas y cruzar información con distintas dependencias del Estado, entre ellas ANSES y ARCA.
Sin embargo, los procedimientos deberán respetar el derecho de defensa de los beneficiarios y las garantías administrativas correspondientes.
La finalidad es controlar el cumplimiento de los requisitos sin eliminar las protecciones previstas para las personas que tienen derecho a recibir las prestaciones.
El debate
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.
"La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo".
Desde la oposición, la ex gobernadora y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida"
"Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva", expresó.
La senadora peronista catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei "no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado" y dijo que esta ley sale "porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle".
"Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", planteó.
Agregó que "por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos".
La senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo que es necesario "optimizar recursos y acompañar a las provincias porque eso garantiza los servicios a las familias con personas con discapacidad. Esas garantías de los servicios se traduce en derechos adquiridos de personas con discapacidad",
El presidente del bloque del PRO, Martin Goerling Lara, dijo que "la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad, dijo que "es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad"
" Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos”, expresó Abad durante el debate en el recinto.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que esta ley "es un acuerdo social y un acuerdo político" y dijo que las prestaciones "son mas adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches".
Reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, "las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas", y remarcó que la nueva ley "reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza".
"Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa" agregó.
Agregó que la diferencia con la emergencia se está "votando una ley donde se establece de donde saldrán los fondos" solventar estas prestaciones.