La Corte pone freno a impuestos diferenciales y redefine reglas del juego entre provincias

En un contexto donde las provincias buscan sostener sus ingresos y al mismo tiempo competir por inversiones, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve a trazar los límites del sistema. El máximo tribunal intervino en un terreno sensible: la tensión entre la autonomía fiscal provincial y las reglas que garantizan un mercado interno sin barreras.

El 9 de abril de 2026, la Corte declaró la inconstitucionalidad de distintos esquemas del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicados en Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos, al considerar que imponían alícuotas más altas a empresas radicadas fuera de sus territorios. En otras palabras, cuestionó la práctica de cobrar más impuestos a quienes producen en otra provincia.

La decisión no solo resuelve casos puntuales, sino que fija un criterio que podría reconfigurar la relación entre el fisco y el sector privado en todo el país.

Un límite a la “aduana interna”

El núcleo del fallo se apoya en principios constitucionales. Para los jueces, establecer diferencias tributarias según el origen geográfico de la producción viola la igualdad ante la ley y afecta el funcionamiento del comercio interprovincial.

En ese sentido, el tribunal fue claro: estos esquemas funcionan, en los hechos, como “aduanas interiores”, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Al encarecer artificialmente los productos o servicios provenientes de otras jurisdicciones, se distorsiona la competencia y se altera la “corriente natural del comercio”.

Las demandas que dieron origen a los fallos fueron impulsadas por empresas como Sodecar S.A., Rieles y Cosas S.A., Pernod Ricard Argentina S.R.L. y Biofarma S.A., que cuestionaron las cargas impositivas diferenciadas.

Qué normas quedaron bajo la lupa

Cada provincia aplicaba el criterio de manera distinta, pero con un mismo eje: penalizar fiscalmente a quienes no tenían producción local.

*En Jujuy, se establecían alícuotas más elevadas para actividades industriales realizadas fuera del territorio provincial.
*En Santa Fe, se aplicaban cargas superiores a empresas sin establecimiento físico local.
*En Entre Ríos, el esquema incluía incrementos progresivos de impuestos para firmas sin radicación en la provincia.

En todos los casos, la Corte coincidió en que el problema no es el impuesto en sí, sino el criterio utilizado: la localización productiva no puede ser un factor para diferenciar la carga tributaria.

Autonomía provincial, pero con reglas

Uno de los puntos más relevantes del fallo es que no elimina la potestad de las provincias para cobrar impuestos. Por el contrario, reafirma su autonomía fiscal, pero establece un límite: no pueden utilizarla para generar discriminación económica entre contribuyentes.

Esto impacta directamente en una estrategia habitual de muchas jurisdicciones: ofrecer beneficios impositivos a empresas locales o, en sentido inverso, encarecer la actividad de firmas externas para proteger la producción propia.

La Corte advierte que esas herramientas, aunque comunes, deben respetar el marco constitucional y no pueden afectar la libre circulación de bienes y servicios dentro del país.

Impacto en empresas y mercado

Para el sector privado, el fallo introduce un elemento clave: mayor previsibilidad. Las empresas que operan en varias provincias suelen enfrentar estructuras tributarias dispares, lo que incide en costos, precios y decisiones de inversión.

Al invalidar las diferencias basadas en el origen de la producción, se tiende a una homogeneización del esquema impositivo, al menos en este aspecto. Esto podría traducirse en:

*Reducción de costos fiscales para firmas sin radicación local
*Mejores condiciones de competencia entre empresas
*Mayor claridad en la planificación de operaciones interjurisdiccionales

Sin embargo, también abre la puerta a un nuevo escenario de litigios, ya que otras compañías podrían reclamar la aplicación del mismo criterio en distintas provincias.

El desafío para las provincias

Del otro lado, el impacto no es menor. Muchas provincias dependen en gran medida de la recaudación de Ingresos Brutos, uno de los tributos más importantes a nivel local.

La imposibilidad de aplicar alícuotas diferenciales limita herramientas que eran utilizadas para:

*Incentivar la radicación industrial
*Proteger sectores productivos locales
*Compensar asimetrías económicas

Esto obliga a repensar estrategias fiscales en un contexto donde la caída de recursos —como la coparticipación— ya genera tensiones en las finanzas provinciales.

Un nuevo equilibrio en el federalismo

El fallo de la Corte no cierra el debate, pero sí redefine el terreno. Refuerza la idea de un mercado interno sin barreras, al tiempo que condiciona las políticas tributarias locales.

En un país atravesado por desigualdades regionales, la discusión de fondo sigue abierta: cómo equilibrar la autonomía de las provincias con la necesidad de garantizar reglas claras y equitativas para todos los actores económicos.

La decisión, en ese sentido, marca un punto de inflexión. No solo por lo que cambia hoy, sino por las preguntas que deja planteadas hacia adelante.