El Gobierno apelará a la Corte para suspender el financiamiento universitario

El gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida busca evitar, por el momento, las transferencias de fondos a las universidades públicas ordenadas por la Justicia.

Planteo de inconstitucionalidad

La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuestiona la validez de la norma al considerar que no establece de dónde provendrán los recursos necesarios para su cumplimiento. Desde el oficialismo sostienen que esta falta de previsión vuelve inviable su aplicación y vulnera principios presupuestarios.

Camino hacia la Corte Suprema

Si la Cámara acepta el recurso extraordinario, el caso podría ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En caso contrario, el Gobierno no descarta recurrir en queja para que el máximo tribunal intervenga. Mientras tanto, el Ejecutivo busca suspender el cumplimiento de la ley hasta que haya una definición judicial.

Impacto en el sistema universitario

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que las transferencias a las universidades públicas registran una caída del 45,6% desde 2023. Su presidente, Franco Bartolacci, calificó la situación como “extremadamente crítica” y anticipó posibles medidas si no se cumple lo dispuesto por el Congreso y la Justicia.

Debate por los recursos y el déficit

El Gobierno sostiene que la implementación de la ley implicaría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, aunque aseguran que el problema central no es el déficit, sino la falta de definición sobre el origen de los fondos.