Cae banda que usaba fincas agrícolas para acopiar cocaína en Orán

En el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, el juez federal de Garantías Gustavo Montoya declaró la legalidad de la detención de tres integrantes de una organización dedicada al acopio de estupefacientes en fincas agrícolas. Los acusados -dos hermanos identificados como A.R. y J.R., y el ciudadano venezolano J.B.- fueron apresados el sábado en Colonia Santa Rosa. El magistrado admitió la imputación, dictó prisión preventiva por 90 días y fijó un plazo de 120 días para profundizar la pesquisa.

Durante la audiencia, los tres fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Además, a los hermanos se les atribuyó también el transporte de droga bajo la misma agravante. Según expuso el fiscal federal Marcos Romero, estas detenciones complementan una investigación iniciada el 7 de enero, cuando fueron imputados otros cinco miembros de la misma organización.

Aquel procedimiento se originó a partir de una denuncia anónima que derivó en un control de Gendarmería Nacional en una estación de servicio de Pichanal. Allí se detuvo a un hombre que conducía un camión con cajones de berenjenas, entre los cuales se hallaron 30 kilos de cocaína ocultos, detectados con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”. En el operativo también fueron arrestadas otras cuatro personas que viajaban en un automóvil de apoyo, todas imputadas y con prisión preventiva.

El avance de la causa, apoyado en peritajes telefónicos y declaraciones de imputados colaboradores, permitió identificar a los dos hermanos como líderes de la organización y a J.B. como uno de sus integrantes. La fiscalía determinó que alquilaban terrenos donde cultivaban verduras para encubrir la actividad ilícita, y que trasladaban la droga desde Bolivia hasta un establecimiento rural cercano al río Colorado. Tras tareas de vigilancia, se realizaron ocho allanamientos y en una finca se encontraron 171,450 kilos de cocaína enterrados en una zanja, distribuidos en 170 paquetes.

Ante la magnitud del operativo, la logística y el poder económico de los implicados, el fiscal solicitó la prisión preventiva, que fue finalmente concedida. La defensa había pedido arresto domiciliario, pero el planteo fue rechazado. Entre los argumentos, se destacó que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura vigente y que uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en otra causa judicial.