Piden analizar una ley de derribos para combatir el narcotráfico aéreo en el norte

La lucha contra el narcotráfico en las fronteras del norte vuelve a poner el foco en el uso de aeronaves para el traslado de grandes cargamentos de droga. En ese contexto, la diputada nacional por Salta Eliana Bruno y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, elaboraron un proyecto de ley para establecer un régimen específico de protección del espacio aéreo y reglas de enfrentamiento frente a aeronaves presuntamente vinculadas al tráfico de estupefacientes.

La iniciativa, denominada “Ley de Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico”, fue remitida a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y también al Ministerio de Defensa.

El objetivo es dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas jurídicas y operativas para enfrentar el tráfico de drogas mediante aeronaves y, al mismo tiempo, instalar desde Salta un debate sobre la necesidad de contar con una normativa que permita actuar frente a vuelos clandestinos que ingresan al espacio aéreo argentino.

Una modalidad que busca evadir los controles

Según los fundamentos del proyecto, las organizaciones narcocriminales fueron incorporando métodos logísticos más sofisticados, entre ellos el uso de aeronaves pequeñas, vuelos a baja altura, transpondedores apagados y pistas clandestinas.

La propuesta sostiene que las actuales herramientas de intercepción pueden resultar insuficientes frente a aeronaves utilizadas para actividades ilícitas. En particular, señala que el seguimiento o las órdenes de aterrizaje forzoso pueden ser burlados por pilotos que conocen las limitaciones legales de las fuerzas para utilizar la fuerza letal.

Desde la mirada de los impulsores de la iniciativa, esta situación genera una desventaja para el Estado frente a organizaciones criminales que cuentan con importantes recursos económicos y tecnológicos.

Zigarán: “Necesitamos una ley de derribo”

Adrián Zigarán explicó que la propuesta surgió a partir de la necesidad de enfrentar una modalidad de narcotráfico que, según su análisis, permite que los grandes cargamentos eviten los controles fronterizos.

“Este proyecto obedece a una cuestión de sentido común porque con seguir las informaciones nos damos cuenta que los grandes cargamentos ya no se secuestran en la frontera, sino desde Tucumán hacia el sur porque los controles en Salta y Tucumán son burlados porque ingresan vía aérea”.

El interventor de Aguas Blancas también cuestionó el traslado de una unidad de Gendarmería Nacional que se encontraba en General Mosconi y sostuvo que, más allá de las discusiones políticas, Salta necesita una respuesta concreta frente al narcotráfico aéreo.

“Necesitamos una ley de derribo de las aeronaves que llevan esos grandes cargamentos de droga muy adentro del territorio nacional”.

Zigarán también planteó la necesidad de poner el foco en las estructuras superiores de las organizaciones narcocriminales y no solamente en quienes trasladan pequeñas cantidades de droga.

“Tenemos que sincerar el discurso y dejar de atiborrar las cárceles de mulas, de pasadores que llevan medio kilo de cocaína mientras los grandes popes del narcotráfico trafican cientos de kilos por día”.

En ese sentido, remarcó que muchas personas que actúan como “mulas” lo hacen en situaciones de extrema vulnerabilidad y cuestionó que los principales responsables de las redes de narcotráfico continúen fuera del alcance de la Justicia.

El proyecto fue enviado a los ministerios

Zigarán contó que, luego de elaborar la propuesta, Eliana Bruno realizó correcciones y mejoras junto a su equipo y decidieron remitirla primero a los ministerios de Defensa y Seguridad.

La intención es que el proyecto pueda ser analizado técnicamente antes de llegar al Congreso de la Nación.

Según explicó el interventor, la diputada consideró conveniente que la iniciativa siga este camino para evitar que un proyecto vinculado directamente con la problemática de las fronteras llegue al Congreso sin un análisis previo de los organismos nacionales involucrados.

Cómo funcionaría la ley de derribos

Uno de los puntos centrales de la propuesta está en la definición de “aeronave hostil”. El proyecto contempla dentro de esta categoría a aquellas aeronaves que ingresen o circulen por el espacio aéreo nacional sin un plan de vuelo autorizado, mantengan el transpondedor apagado o desobedezcan reiteradamente las órdenes de interceptación y desvío de la autoridad aeronáutica o militar competente y, además, sean consideradas presumiblemente vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

El proyecto establece un protocolo gradual de intervención. Las acciones comenzarían con la identificación visual de la aeronave y continuarían con la comunicación radial y las señales internacionales de advertencia.

En una instancia posterior se emitiría la orden de aterrizaje forzoso.

El derribo quedaría establecido como una medida final y estrictamente regulada, aplicable únicamente cuando persista el incumplimiento de la orden de aterrizaje y se constate una amenaza inminente para la seguridad pública o la soberanía nacional.

De esta manera, la iniciativa busca que el uso de la fuerza no sea automático, sino que forme parte de un procedimiento escalonado y sujeto a condiciones específicas.

Busca llegar al Congreso

En sus conclusiones, el proyecto plantea que el narcotráfico constituye una amenaza que trasciende las fronteras y sostiene que el Estado necesita herramientas legales acordes con las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales.

La propuesta busca, según sus autores, cerrar los cielos al narcotráfico mediante un mecanismo regulado, con reglas claras para las fuerzas encargadas de controlar el espacio aéreo.

Ahora, el proyecto quedó a consideración de los ministerios de Seguridad y Defensa, donde sus impulsores esperan que sea analizado antes de avanzar hacia el Congreso de la Nación.

Fuente: El Tribuno