Fiscal apeló la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

El fiscal de menores Hernán Ceruti, al frente de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien había dispuesto la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Para Ceruti, la medida genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”. En su presentación sostuvo que un hábeas corpus no puede utilizarse para suspender una ley que fue sancionada por el Congreso Nacional.

Además, cuestionó que en el expediente no se haya comprobado la existencia de una acción concreta, ilegal o arbitraria que afecte la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa.

“Avasalla la labor de otro de los poderes del Estado”

Uno de los principales argumentos del fiscal apunta a que la decisión judicial excedería las facultades propias del Poder Judicial.

Ceruti sostuvo que no se identificó a ningún joven detenido como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen, ni una medida policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya restringido de manera ilegal su libertad.

Tampoco, según planteó, se acreditó una situación específica de alojamiento que se haya visto agravada por la entrada en vigencia de la nueva legislación.

En ese sentido, afirmó que la resolución de Pascual “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”.

Capacidad de los dispositivos provinciales

La jueza Marta Elba Pascual fundamentó su decisión en la posibilidad de que el nuevo régimen genere un aumento significativo en la cantidad de adolescentes privados de su libertad.

Según su planteo, la provincia de Buenos Aires no contaría con la infraestructura ni con los recursos suficientes para afrontar ese eventual incremento.

Desde la Fiscalía cuestionaron que esa conclusión se haya adoptado sin datos concretos que permitan determinar cuál sería el impacto real de la normativa.

Pascual había planteado, entre otras cuestiones, cuántos adolescentes podrían llegar a ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y cuál es actualmente la capacidad disponible.

"La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, sostuvo Ceruti al cuestionar esos argumentos.

La denuncia contra la jueza

La apelación presentada por el fiscal se suma a una denuncia penal impulsada por la ONG Usina por la Justicia, que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

A través de su cuenta en la red social X, la organización respaldó la presentación de Ceruti y aseguró que el fiscal planteó argumentos similares a los de su impugnación.

“El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”, expresó la ONG.

La Libertad Avanza también irá contra Pascual

La disputa judicial se sumó un nuevo frente político. La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, anunció que solicitará el juicio político de la jueza.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, sostuvo.